La Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de haber autorizado pagos “ilegales” a constructoras, informó un fiscal.
De acuerdo con la información, se presentó a la Corte Suprema la solicitud de “retiro de antejuicio en contra del señor presidente” para ser investigado por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
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El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupto” y “antidemocrático”, acusó al mandatario de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, los pagos de contratos millonarios a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua desde el año pasado.
Si se abre la investigación penal contra el presidente Bernardo Arévalo, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo.
El caso actual se deriva de una denuncia presentada contra Arévalo el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo y también sancionado por Washington.
“Hemos podido establecer entonces que el señor presidente […] es la persona principal que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, afirmó Curruchiche.
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El fiscal presentó un audio de una conversación entre Arévalo y la entonces ministra grabado en mayo, que fue divulgado por la prensa local.
En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pago a empresas conforme a un listado acordado.
A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y señaló que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.
(Con Información de AFP)