Tras los hechos violentos reportados en los últimos días y que afectan a la población civil, la Iglesia católica alertó que Chiapas se convirtió en un “campo de batalla” por las disputas criminales, y exigió a los gobiernos federal y estatal acciones urgentes para frenar la violencia en la sierra y en la frontera del estado.
“Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familiares enfrentan un terror que nunca imaginaron”, detalla el comunicado firmado por clérigos de México y Guatemala.
Entre los firmantes se encuentran Rodrigo Aguilar, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez; Guadalupe Torres, de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano y los obispos de Huehuetenango, Álvaro Cardenal y de San Marcos, Bernabé Sagastume, ambos en Guatemala.
LOS USAN DE ESCUDOS HUMANOS
Este martes, al menos siete personas murieron, luego de que presuntos integrantes de la delincuencia organizada obligaron a pobladores de Motozintla a marchar en un supuesto desfile por la paz, en Nuevo Amatenango, donde fueron atacados por un grupo antagónico.
“Nos trasladábamos en camionetas y motocicletas cuando fuimos atacados a balazos en la entrada de Nuevo Amatenango, por lo que cada uno corrió como pudo para salvar sus vidas”, afirmó un joven a El Heraldo de Chiapas.
Además, se reportó un enfrentamiento entre grupos delincuenciales en los límites de Chenalhó y Pantelhó, a la altura de la comunidad La Esperanza.
Durante la madrugada del miércoles, pobladores de Chicomuselo huyeron de sus hogares debido a la violencia desatada en la sierra. Un residente comentó que los ataques comenzaron el sábado alrededor de las 15:00 horas.
Miles de personas, de al menos 30 comunidades, han dejado la sierra de Chiapas por la escalda violenta que sufren por parte de crimen organizado, que ahora asedia, recluta y obliga a la población a participar en actos criminales, además de que les cobran derecho de piso que va de 500 a los 5 mil pesos, publica el medio Rastreando la Noticia.
