La postura estadounidense contra la reforma judicial en México escaló ayer, cuando el embajador de ese país, Ken Salazar, se pronunció en contra, al asegurar que corromperá al PJ, dañará la relación comercial entre ambos países y abrirá la puerta a la intervención del narcotráfico y el crimen organizado en la justicia.
En un mensaje, el embajador señaló que “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, comentó.
En materia económica, recordó el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México (que incluye a Canadá) y señaló que la reforma al PJ amenaza la histórica relación comercial entre ambos países.
Esto porque la reforma “debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”.
Manifestó que la elección directa de los jueces, ministros y magistrados podría “hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
El representante americano, de filiación demócrata, destacó que con base en su experiencia de un cuarto de siglo en las cortes más altas de EU, y sus viajes -cuando fue senador- a países como Irak, Afganistán y otros, constató de primera mano cómo “las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción”.
En tanto, señaló que un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Pero la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial.
Al respecto, el académico del Tec de Monterrey, Gustavo López Montiel, calificó el posicionamiento del gobierno estadounidense como contundente.
“No es un ultimátum, es un mensaje obviamente claro del gobierno de los Estados Unidos, pero a final de cuentas sienta un precedente de como se ha manejado el tema”, dijo.
En entrevista con 24 HORAS, el doctor en Ciencia Política rechazó que el posicionamiento de Salazar sea una amenaza, más bien es un aviso de lo que puede pasar en las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y México, ya que la iniciativa tocaría intereses del sector privado y empresas involucradas en México.
Asimismo, López Montiel resaltó que tras la aprobación de la reforma judicial, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, tendrá el reto de recomponer la relación con Estados Unidos, y a su vez la renegoación del T – MEC partirá con una posición de debilidad para nuestro país.
Postura de Sheinbaum
Por su parte, tras los dichos del embajador de EU, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recordó que en algunos estados de Estados Unidos, los jueces son electos por voto directo de los ciudadanos.
“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, señaló en su cuenta de X.
Canadá también se pronuncia en contra
Durante un foro de negocios, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, informó que empresarios canadienses le han expresado su preocupación por la iniciativa que plantea la elección de jueces por el voto popular.
“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, dijo.
Para el diplomático la reforma judicial del Gobierno Mexicano puede afectar el vínculo de confianza entre naciones, y es que una inversión significa una muestra de confianza: “Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, ejemplificó.