Con la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que reforma el Poder Judicial.
En una sesión por momentos desordenada, en la que incluso se perdió la señal del internet y debido a que era una sesión semi presencial la oposición pidió se rectificara el quorum de la reunión.
El dictamen fue aprobado por mayoría de 22 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 17 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Además, se presentaron 330 reservas, de las cuales 71 serán presentadas por Morena, 49 por Acción Nacional, 106 del Revolucionario Institucional (PRI), dos por el PVEM, cuatro presentará el PT, 70 Movimiento Ciudadano (MC) y 28 de parte de la diputada sin partido, Susana Prieto.
Esta legisladora, quien hasta febrero perteneció a la bancada de Morena, reclamó al inicio de la reunión al presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena) de ejercer violencia política de género en su contra por no permitirle el uso de la palabra para posicionarse sobre la reforma con el argumento de que no pertenece a ninguna fracción parlamentaria.
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La oposición acusó que con la aprobación de esta reforma se consuma una venganza en contra del Poder Judicial por las resoluciones que emitió a lo largo de este sexenio con las que afectó proyectos de la administración federal.
“Al final esta reforma es una vendetta, es una venganza contra el Poder Judicial y es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de 12 a 17 años de edad durante la peor gestión de la pandemia en el mundo (…) es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de cáncer, ordenó que se surtieran medicamentos para el cáncer ante la pésima gestión de Morena en materia de salud.
“Es una venganza porque un juez federal ordenó la suspensión del tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar la destrucción de la selva y porque no se había escuchado a los pueblos indígenas. Es una venganza porque un juez federal ordenó la suspensión contra el traspaso de Afores al fondo de pensiones, porque Morena se está robando el dinero de los trabajadores”, afirmó el diputado Marco Antonio Mendoza (PRI).
Además, recordó que el Poder Judicial también suspendió la reforma eléctrica y un juez federal suspendió la distribución de libros de texto gratuito que hasta errores ortográficos tenía.
El coordinador de PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseveró que el dictamen es un riesgo para el Estado mexicano, porque propone una elección que es inoperante, antidemocrático, injusto, e imprudente y lesiona el pacto federal y la protección de los derechos humanos.
Además, dijo, permite la intromisión de poderes fácticos y no garantiza la justicia ni mejorar la calidad de las resoluciones.
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“Esta reforma nos llevaría a una crisis institucional y les pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025 además de los cargos federales y los locales, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde encontrará 4 mil 125 personas, entre los que tendrá que escribir 640 nombres para igual número de cargos.
“Otro ejemplo más, una entidad como Nuevo León, que tiene comicios para gobernador, ayuntamientos y diputados, si lleva la elección de los juzgadores al 2027, tendrá 21 boletas, ya se imaginarán el número de candidatos y la enorme confusión que nos espera”, advirtió el líder priista.
Agregó que México es un país con pocos jueces en relación con su población, con apenas 0.33 por cada 100 mil habitantes y si se suman a los locales se eleva a poco más de tres.
Sin embargo, continuó, los juzgados están saturados y a nivel local en muchas entidades falta personal y los sueldos son muy bajos y la reforma no contempla la mejora del ministerio público, ni del sistema de peritajes, ni de la defensoría de oficio, ni del ejercicio de la abogacía.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) acusó que el dictamen se aprobó de manera irracional y sin la debida valoración por parte de la mayoría legislativa “y todo en respuesta únicamente al deseo y al capricho que ha mandatado el saliente presidente y la entrante presidenta electa, aun a sabiendas de la trascendencia y consecuencias catastróficas que tendrá en la impartición de justicia”.
Criticó que se pretenda fundamentar la aprobación del documento en el discurso de combate a la corrupción y argumentar de haya escuchado a todas las partes involucradas, “lo cual es falso a todas luces, ya que los diálogos organizados solo sirvieron de simulación”.
La vice coordinadora de la bancada de Morena, Adriana Bustamante, cuestionó que el Poder Judicial se erija como un contrapeso en la República, cuando no representa la voluntad del pueblo.
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“Resultad paradójico que, en un país que se define como democrático, el Poder Judicial no encarne realmente la voluntad popular. Ese precepto contradice los ideales democráticos de México.
“El procedimiento actual para el nombramiento de ministras y ministros, en donde solamente participan el Presidente de la República y el Senado no confiere al Poder Judicial autonomía, no le confiere legitimidad democrática que requiere para sus decisiones”, expresó la morenista.
Agregó que buscan que el Poder Judicial se deba al pueblo y no a intereses del Poder Ejecutivo, por eso proponen democratizarlo y esto sólo será posible a través del reconocimiento constitucional de la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“En la vida democrática no puede existir un Poder público que no emane directamente de la soberanía popular. Actualmente la cúspide de Poder Judicial en México continúa representando los intereses de otros poderes, los intereses fácticos de quienes los pusieron ahí”, aseveró.
LEO