El nuevo gobierno laborista británico pretende gravar las escuelas privadas para dar más medios a la educación pública.
La medida puede crear miles de empleos de profesor, pero inquieta a las familias que se aprietan el cinturón para llevar a sus niños a los centros más prestigiosos.
El primer ministro Keir Starmer, que asumió sus funciones tras las legislativas del 4 de julio, no deja de repetir que no tiene “nada contra las escuelas privadas”, que cuentan con 600 mil alumnos, 6.5% del total en el Reino Unido.
Pero “todos los padres tienen ambiciones para sus hijos”, matizó el dirigente, que llevó a sus dos hijos a la escuela pública de su barrio en el norte de Londres.
“Para los alumnos de la pública que no tienen los profesores que necesitan… es un problema para la vida”, agregó.
Después de años de austeridad en los servicios públicos y profundización de las desigualdades, el gobierno confirmó en julio que suprimía la exención del IVA aplicada a las matrículas de las escuelas privadas.
La medida debe de aportar unos ingresos de mil 600 millones de libras esterlinas suplementarios (unos 2 mil 100 millones de dólares) que permitirían financiar 6 mil 500 nuevos puestos de profesor en la enseñanza pública.
A partir del 1 de enero, los centros privados tendrán que pagar un impuesto del 20%, lo que repercutirá en un aumento de la factura para los padres.
La matrícula cuesta de media unas 18 mil libras esterlinas (casi 23 mil 400 dólares) en las escuelas privadas, según el Consejo de Escuelas Privadas, que representa a estos centros.
El precio alcanza las 42 mil libras (más de 55 mil dólares) para las famosas “boarding schools”, los elitistas internados con fama mundial por los que han pasado numerosos miembros de la clase dirigente británica.
Aunque muchas familias que llevan a sus hijos a estos centros más distinguidos pueden permitirse este incremento, la cuestión va más allá de las clases más ricas.