Desde distintos frentes internacionales, los juzgadores federales recibieron apoyo y denunciaron las presuntas implicaciones de la propuesta de reforma judicial.
Un grupo de mil 100 jueces y magistrados solicitaron ayer la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pida la suspensión de la discusión de la reforma judicial, en tanto se verifica si es violatoria de derechos humanos y tratados internacionales.
El magistrado Juan José Olvera señaló que la solicitud es para “solicitar al Estado mexicano que, en aplicación del artículo 41, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizar mediante un mecanismo debidamente acordado ante esa Comisión, entre el propio Estado mexicano y quienes ahora firmamos esta petición”.
Otra de sus peticiones es que la CIDH “realice una observación presencial en México, a fin de conocer la situación, recibir información de diversos actores y escuchar testimonios de quienes suscribimos esta solicitud y de la sociedad en general”.
Los magistrados Michele Franco y Rogelio Alanís García acudieron a la sede de la CIDH, en Washington, para presentar la petición a nombre de mil 100 juzgadores del país.
La reforma judicial se discute en la Cámara de Diputados e incluye un apartado para llevar a cabo el próximo año elecciones de jueces, magistrados y ministros, por lo que quienes actualmente ocupan ese cargo serán removidos.
A su vez, Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió al Gobierno mexicano reconsiderar la propuesta de reforma judicial y garantizar la independencia de los juzgadores.
En su cuenta de X, indicó que “mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”.
Hace unos días, la relatora de Naciones Unidas alertó que la elección de jueces y magistrados por voto popular significa un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con una carta de Margaret Satterthwait, relatora especial para la independencia de jueces y abogados, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señala que es preocupante la propuesta de reforma al Poder Judicial y le pide aclarar varias dudas sobre ella.
El mandatario debe indicar a la ONU si “las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas en materia de la presente cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos, con mecanismos efectivos de supervisión”. ra
Temen por inversiones
La Cámara de Comercio de Canadá en México expresó “la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense sobre la iniciativa constitucional. Indicó que la reforma “puede tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo con el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo”.