La justicia francesa imputó ayer al fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país.

Al multimillonario de 39 años, detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget al norte de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.

Los jueces de instrucción lo imputaron por “complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada”, castigado con hasta 10 años de cárcel.

Entre los otros delitosimputadosfiguran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada.

Los magistrados también lo investigan por “complicidad” en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros.

La compañía ya aseguró tras la detención que “cumple las leyes de la Unión Europea” y que “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos”.

“Es totalmente absurdo pensar que el responsable de una red social” como Pavel Durov, “pueda estar involucrado en hechos criminales” que serían cometidos a través de su mensajería, declaró su abogado, David-Olivier Kaminski, en el tribunal de París.

“Telegram está conforme en todos los puntos a las reglas europeas sobre lo digital, es moderador con las normas idénticas a las otras redes sociales”, reiteró el abogado, que defiende con su colega Julia Bettach a Durov.

Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios y se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería.