Mientras los jueces que ordenaron suspender la discusión sobre la reforma judicial enfrentan un posible juicio político, los diputados federales que impulsan la iniciativa se enfrentarían a un posible desafuero al desacatar el mandato judicial, según constitucionalistas consultados por 24 HORAS.
La jueza Martha Magaña, quien ya ha emitido dos suspensiones provisionales, está obligada a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) del incumplimiento, por lo que será esta instancia la que deberá determinar la procedencia de un posible desafuero.
A quienes desacataron desde este domingo el mandato de suspender la discusión de la reforma primero se les tendría que iniciar el proceso de desafuero y luego podrían enfrentar hasta siete años de cárcel, como lo marca la Ley de Amparo.
El próximo miércoles, a las 13:00 horas, en el Juzgado Quinto de Distrito de Morelos, se realizará la audiencia incidental, en la que la jueza federal determinará si se otorga la suspensión definitiva, al mismo tiempo que se prevé que la reforma judicial sea aprobada.
La ruta que debería seguir el proceso sobre el desacato de la reforma judicial es que la jueza tendría que denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) la violación al mandato judicial, por lo que se abriría una carpeta de investigación, y se determinaría su posible judicialización.
Otra de las vías sería por medio de la SCJN, instancia que tendría que analizar y emitir, en su caso, la declaratoria de procedencia de juicio político, que se realiza en el Congreso.
De realizarse en esta Legislatura se haría con una mayoría calificada de Morena y aliados, que podrían frenar los desafueros.
Sin embargo, a quienes sí podrían iniciarle un juicio político, y tienen los votos para aprobarlo, es a los dos juzgadores que emitieron las suspensiones provisionales contra la reforma judicial.
José Perdomo Galicia, experto en procesos constitucionales de la Universidad La Salle, indicó que “si abiertamente alguien se atreve a constituirse en desacato, si lo hacen vendría lo que sería la solicitud de desafuero, para que en dado caso que se otorgue se siga el juicio de procedencia”.
El constitucionalista aseveró que al menos en esta Legislatura, aunque se aprobará un juicio político, al tener mayoría calificada, el bloque de la 4T podría desechar la medida, “por eso están tan tranquilos”.
Por su parte, Bernardino Esparza, doctor en Derecho de La Salle, señaló que “puede haber una inhabilitación o desafuero porque están desacatando una resolución judicial”.
Respecto a la posible promoción de juicio político en contra de los juzgadores Martha Magaña y Felipe Consuelo, a pesar de que el diputado Sergio Gutiérrez dijo que sería un hecho su presentación, así como la de una denuncia penal, Ricardo Monreal, líder de la fracción morenista, frenó la propuesta de su compañero y advirtió que se optaría por la prudencia.
Nueva orden
Apenas ayer, la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Morelos, Martha Magaña, otorgó otra suspensión provisional para frenar la discusión de la reforma judicial.
La protección de la justicia federal se otorgó a una veintena de jueces de tribunales laborales, que ganaron su cargo en un concurso de oposición de 2022.
A diferencia de las anteriores, en esta el freno es hasta que se determine la constitucionalidad del artículo 186 del Reglamento de la Cámara baja sobre dictámenes que pueden pasar al pleno, aunque hayan sido aprobados por otra Legislatura.
88% de trabajadores vota por paro en la SCJN
El colegio de votación, formado para decidir si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumaba al paro en protesta por la reforma judicial, informó que 88% de los votos fueron a favor de frenar sus labores.
De acuerdo con el conteo final, hubo mil 72 votos de trabajadores de la Corte, de los cuales 951 fueron a favor de sumarse al paro, mientras que 116 sufragaron por seguir laborando, además de cinco abstenciones.
Se prevé que este martes, durante la sesión del Pleno, los 11 ministros de la Suprema Corte emitan sus posicionamientos respecto al paro en la dependencia. /ÁNGEL CABRERA