La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una medida cautelar para suspender la discusión de la reforma judicial, así como analizar el dictamen y declarar su invalidez.
El escrito fue ingresado hoy a la Cámara de Diputados por la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, que aglutina a los más de mil 600 jueces y magistrados federales que, de aprobarse la reforma, serán removidos.
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Los juzgadores citan precedentes nacionales e internacionales que, ante las posibles violaciones graves a los Derechos Humanos, la Suprema Corte puede emitir una resolución, equiparable a la suspensión provisional de un juicio de amparo.
Uno de sus puntos que solicitan es que “se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo”. Los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador se discuten este martes por la Cámara de Diputados en una sede alterna.
Jueces y magistrados señalaron que los ministros deben analizar de fondo y de manera urgente la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial y declarar su invalidez.
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Otro de sus planteamientos es que los ministros emitan posicionamientos desde el Pleno más enérgicos y que la medida cautelar contemple que los actuales jueces mixtos (ministros, magistrados y jueces) “se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así, con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia, participen en una propuesta seria y objetiva de reforma”.
Otro de sus planteamientos es que la SCJN ejerza todas las acciones necesarias para que sea respetada la independencia judicial y que se garantice la “separación de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución para asegurar que no se elimine el sistema de contrapesos entre los poderes de la Unión”.