El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó ayer a Mongolia, en su primer viaje a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde la emisión de su orden de arresto acusado de crímenes de guerra.
Tras aterrizar en el aeropuerto de Ulán Bator, la capital de Mongolia, imágenes de la televisión rusa mostraron al mandatario bajando de su avión.
La CPI y las autoridades ucranianas instaron a Mongolia a detener a Putin, objeto de una orden de arresto por la supuesta deportación de niños ucranianos de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.
Como el resto de Estados que adhirieron al Estatuto de Roma en el que se basa la CPI, Mongolia “tiene la obligación de cooperar” con ese tribunal, declaró un portavoz de esa corte, Fadi el Abdalá.
El Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores también urgió a las autoridades de Mongolia a “transferir a Putin a la2a“.
Varias oenegés se sumaron a esta petición. El país “tiene que detener” a Putin, que “huye de la justicia”, insistió el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Mongolia, Altantuya Batdorj.
Para Maria Elena Vignoli, de la organización Human Rights Watch, recibir al presidente ruso sería “una afrenta a las numerosas víctimas de los crímenes de las fuerzas rusas”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya aseguró que la posibilidad de una detención no le planteaba ninguna “preocupación”.
“Por supuesto, todos los aspectos de la visita fueron preparados cuidadosamente”, agregó.
Cuando un país miembro no cumple con sus obligaciones respecto a la CPI, esta última puede recurrir a la Asamblea de los Estados miembros, que se reúne una vez al año, aunque las eventuales sanciones suelen limitarse a una reprimenda.
Desde que se fundó el tribunal, otros individuos que eran objeto de órdenes de arresto de la CPI, como el exdictador sudanés Omar al Bashir, viajaron a Estados firmantes del Estatuto de Roma sin ser detenidos.
Mongolia firmó el estatuto en 2000 y ratificó su adhesión dos años después.