En medio del convulso escenario de la política nacional y las amplias discusiones en torno a temas clave, Chiapas emerge como un estado que refleja las contradicciones y desafíos más profundos de nuestro país. Este territorio, rico en diversidad cultural y con un gran potencial turístico, se encuentra atrapado en un entorno de injusticias y corrupción que lo han colocado en los últimos lugares en términos de desarrollo social, económico, así como de acceso a la justicia y estado de derecho.
Sin duda, uno de los pilares fundamentales para la consolidación de un Estado maduro y una democracia plena, es la fortaleza de sus poderes. Sin embargo, en Chiapas, este pilar se tambalea peligrosamente. El World Justice Project coloca a este Estado entre los últimos lugares a nivel nacional: 26 de 32 en adhesión al estado de derecho, 28 en ausencia de corrupción y 31 en garantía de derechos fundamentales.
En este contexto, el caso del juicio 432/2010 es una muestra palpable de ello. Este proceso, que ha captado la atención pública, pone al descubierto la red de corrupción que envuelve a Chiapas. Figuras como Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y José Tomás Garrido Muñoz, exmagistrado, han sido señalados como actores clave en esta trama de extorsión y despojo, que ha afectado tanto a particulares como a empresas.
Las consecuencias de esta situación van más allá de los implicados directos. La inseguridad jurídica que este tipo de prácticas genera, está ahuyentando a los inversores, especialmente en la industria turística, un sector clave para la economía de Chiapas. Las estimaciones hablan de pérdidas que podrían alcanzar los 28 mil millones de pesos anuales, una cifra que no sólo afectaría a las empresas, sino también a miles de chiapanecos que dependen de esta actividad para su sustento.
Ante este panorama, el nuevo gobierno de Chiapas tendrá una gran responsabilidad. La transición gubernamental no puede limitarse a un cambio de nombres; debe representar una ruptura con las prácticas del pasado. Aunque sin duda, el reto es complejo: restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un entorno de seguridad jurídica que permita el desarrollo económico y social de la entidad.
No obstante, para lograrlo, será crucial que trabaje en estrecha colaboración con la próxima administración federal, que ha hecho de la lucha contra la corrupción, uno de sus principales estandartes. Además, será fundamental que el nuevo gobierno transmita confianza a los inversionistas; pues en un estado donde la inseguridad jurídica ha sido un obstáculo constante para el desarrollo económico, la certeza jurídica es un requisito indispensable para atraer, mantener inversiones y, por ende, contribuir al bienestar general de la población.
El camino no será fácil. Sin embargo, el próximo gobierno tiene la oportunidad de demostrar que es posible un nuevo liderazgo desmarcado de las prácticas del pasado y que, en alianza con la federación, pueda transformar a Chiapas en un ejemplo de cómo la justicia y el estado de derecho pueden convertir al Estado en un polo de desarrollo.
Consultor y profesor universitario
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