La jueza Martha Magaña, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, concedió ayer la suspensión definitiva para frenar la discusión del dictamen de la reforma judicial.
Los alcances son para dejar sin efectos el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados este 4 de septiembre, por lo que no puede ser discutido por el Senado, y en caso de desacatar, se “deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”.
En su resolución, la jueza, quien fue exhibida en la Mañanera del lunes pasado, indicó que las autoridades que conforman la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador ignoraron la primera notificación de la suspensión provisional y no rindieron su informe.
Ante los argumentos de Morena y aliados de que debe aplicarse el artículo 61 de la Ley de Amparo respecto a que no proceden las suspensiones cuando se trata de reformas constitucionales, Martha Magaña determinó que los precedentes de la Suprema Corte son para cambios que ya fueron promulgados.
Por lo que en este caso se está ante el análisis del Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 186, que señala que un dictamen, aprobado en comisiones de una Legislatura, puede pasar directo al Pleno para su discusión en una Legislatura diferente.
Ese es el principal argumento para otorgar la suspensión definitiva, hasta en tanto se determine la constitucionalidad de dicho artículo, es decir, que de acatarse la medida, la reforma judicial quedaría congelada.
“De ahí que la suspensión sea procedente atento al peligro en la demora, pues en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, indica la resolución.
La misma señala que una vez promulgada, los jueces que promovieron el juicio de amparo quedarían en “estado de indefensión y serían destituidos de sus cargos”, debido a que ya se estaría en un escenario en que al ser un acto del Poder Reformador de la Constitución no podría ser impugnado.
La jueza ordenó vincular “desde ahora para efecto de cumplir con la suspensión a todas las autoridades que participan en la continuación del proceso de aprobación de la iniciativa de reforma”.
RESOLUCIÓN FIRME
Sobre el mismo caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en Morelos, rechazó una queja y dejó firme la suspensión provisional para frenar la discusión de la reforma judicial.
De acuerdo con la sesión de este miércoles, la magistrada Yolanda Velázquez Rebollo propuso desechar la queja presentada por un ciudadano, identificada con el folio 233/2024.
Con esta resolución, queda firme el desacato al mandato judicial por parte de la Cámara de Diputados, ya que este miércoles se aprobó la reforma judicial, a pesar de tener una suspensión provisional.
La resolución fue aprobada, sin entrar en debate, por los magistrados Yolanda Velázquez, Silvia Carrasco, Esaú Oliver, y Juan Pablo Bonifaz.
El pasado sábado, la jueza federal Martha Magaña, otorgó la suspensión provisional que frena la reforma judicial e impide que el dictamen sea discutido en la Cámara de Diputados por afectaciones graves, lo cual fue desacatado por los diputados.
En la resolución de la suspensión provisional, la jueza manifestó que realizaba su trabajo bajo protesta, debido a que los juzgados y tribunales federales se encuentran en paro por la afectación a la reforma judicial.
Magaña también tiene pendiente la resolución de un recurso de impedimento por el Primer Tribunal Colegiado de Morelos, debido a que se ha manifestado en contra de la reforma y es una de las afectadas.
La audiencia constitucional, en la que se determinará la sentencia y si se otorga el amparo o se niega a los juzgadores que lo solicitaron, se llevará a cabo el 24 de septiembre.
Dicho acto dará pie a que se pueda seguir su camino procesal en un tribunal colegiado y, en su caso, ante alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A su vez, se tiene otra suspensión provisional otorgada por la misma jueza y con los mismos argumentos a jueces en materia laboral, y otra de un juzgado de Chiapas para que la reforma, de ser aprobada en el Senado, no se envíe a los estados.
Protestan alumnos ajenos al Derecho
Este miércoles, un colectivo de Jóvenes a Favor de la Reforma realizó una clausura simbólica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El colectivo acusó que las protestas de estudiantes en contra de la reforma judicial son en su mayoría de “universidades privadas” y que la Facultad de Derecho de la UNAM no acompaña otras protestas.
Entre los alumnos que apoyaban la reforma había integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la UAM-Xochimilco, universidades que no imparten la carrera de Derecho.
Además de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Esto ocurrió horas después de que trabajadores de la Corte realizaran su cierre simbólico como protesta.
Rosalba Rodríguez Mireles, representante del Colegio Secretarios de Estudio y Cuenta, señaló que esto es para exigir que se deseche la reforma judicial y se discuta una nueva propuesta.