Un grupo de 820 jueces y magistrados de Circuito solicitaron la intervención del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la reforma judicial.
“Hemos solicitado en estos organismos internacionales que, en el marco de sus respectivos mandatos, pidan al Estado Mexicano que suspenda el trámite legislativo de la Reforma Judicial o, en su caso, se suspenda su ejecución”, indicaron.
Señalaron que los cambios constitucionales son “abierta y notoriamente violatoria de los derechos humanos
reconocidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano”.
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Los juzgadores manifestaron que defenderán “por todos los medios a nuestro alcance, la Democracia, el Estado de Derecho y la División de Poderes que en México se están viendo gravemente dañados por la postura claramente antidemocrática de la fuerza política que se hizo del poder”.
Consideraron que en los últimos días “se ha acelerado el embate contra el Poder Judicial, al grado de que por privarlo de su independencia prácticamente lo desaparecerán. Esta es una ruptura del orden democrático que se traduce en un golpe de Estado”.
Manifestaron que lo que “está en juego es la estabilidad democrática, jurídica, política y económica de nuestro país. La gravedad y urgencia de esta situación está claramente acreditada en los escritos que presentamos ante los referidos organismos internacionales, así como la irreparabilidad de los daños que sobrevendrán inevitablemente con la sola aprobación de esta Reforma, los cuales se verán multiplicados exponencialmente con su implementación”.
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Indicaron que “aún no es tarde para que el Senado de la República, por sí mismo y en el marco de su legítima función de contención a los excesos de la Cámara baja, frene esta reforma que es claramente violatoria de derechos humanos y que generará enormes e irreversibles daños en nuestra ya de por sí frágil democracia, pero también afectará irremediablemente nuestra posición económica ante el mundo y que traerá condenas internacionales y descrédito para nuestra Nación”.
LEO