Avalado. El mandatario recordó que el decreto fue aprobado por unanimidad, es decir, por los legisladores de todos los partidos y de las bancadas independientes.
Foto: Especial | Avalado. El mandatario recordó que el decreto fue aprobado por unanimidad, es decir, por los legisladores de todos los partidos y de las bancadas independientes.  

El decreto a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, pública y social no pone en riesgo los bienes y patrimonio de las personas, aseguró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Este lunes, el mandatario capitalino informó la publicación de reforma al artículo 3 de la Carta Magna local para poner como principio rector la propiedad pública o social para evitar que se beneficie a grupos económicos poderosos.

El anuncio generó incertidumbre entre la población sobre la seguridad de su patrimonio debido a la supuesta posibilidad de que el Gobierno pudiera expropiar sus casas; sin embargo, Batres aclaró que no hay motivo para preocuparse.

En entrevista, el jefe de Gobierno señaló: “En la reforma no hay ningún elemento que ponga en riesgo la propiedad de las personas, por el contrario, la propiedad de las personas está asegurada en los mismos términos ya vigentes y no corre ningún tipo de riesgo”.

Recordó que la reforma en cuestión se remite al texto vigente del Artículo 27 de la Constitución Política federal y no agrega ningún otro elemento.

En este sentido, explicó que el texto de la Constitución a nivel local protege tres modalidades de propiedad: pública, privada y social, contempladas en el mismo artículo.

“La reforma en cuestión no pone en riesgo la propiedad de las personas; sus bienes, casas, propiedades, empresas, todo se encuentra debidamente protegido por la Constitución Política federal”, precisó.

Destacó que el decreto garantiza el respeto a la propiedad privada, pública y social; asimismo se dificulta que el Poder Judicial realice interpretaciones de las normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos.

Explicó que ante la falta de claridad sobre el término de la propiedad privada se tenía el riesgo de que instancias judiciales interpretaran las normas constitucionales en favor de ciertos grupos económicos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución federal, para apoyarse en una disposición local.

“Quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros”, indicó en una conferencia.