Luis Donaldo Colosio Riojas, Daniel Barreda, Alejandro Moreno, senadores de MC, los dos primeros, y el legislador y presidente del PRI, denunciaron ayer las presiones a que son sometidos no solo ellos, en lo personal, sino el resto de los miembros de sus bancadas, por parte del gobierno morenista.
Al partido presidencial le han comenzado a ganar las prisas por asegurar el voto que requiere para lograr la mayoría calificada necesaria para la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Pero los partidos de la oposición han conformado un muro que no será fácil derribar o brincar.
Tan convencidos están de que los 43 senadores de oposición votarán en contra, que tanto el PAN, el MC y el PRI, han llamado para la semana próxima a los suplentes por si alguno de los titulares no pudiera acudir por cualquier causa.
De paso, también dejaron en claro que, ante la “siembra’’ de la duda sobre el número exacto de senadores que conforman la mayoría, no aceptarán la interpretación maliciosa que pretendió hacer Adán Augusto López de que el número era 85 y no 86.
El debate pinta para ser histórico.
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Las autoridades electorales de la capital miden con doble vara las denuncias por violencia política de género.
Mientras que el compadre de Ricardo Monreal, Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, decidió anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, las mismas autoridades no han querido sancionar las agresiones que Fernando Mercado, ahora alcalde electo de la Magdalena Contreras, cometió en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano, Daniela Nitza Garduño.
Aunque la ley establece que estas denuncias se deben resolver en muy corto tiempo, el Instituto Electoral de la CDMX congeló el caso de Mercado.
La excandidata del MC, sin embargo, no quita el dedo del renglón y presentó ante las autoridades electorales un recurso legal que le permite seguir aportando pruebas a favor de su causa.
Nada más hay que recordar que Fernando Mercado es el diputado local que propuso aplazar hasta el 2030 la ley 3 de 3, con la cual se impedía que deudores alimentarios o sentenciados por violencia de género pudieran ocupar cargos públicos.
Por algo será.
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En medio del griterío por la reforma judicial se perdió el llamado a la sensatez que hizo la diputada Ifigenia Martínez.
En medio de las protestas que rodearon la sede de la Cámara de Diputados, Martínez dejó claro que la democracia no se trata de imponer posiciones, sino de encontrar un balance entre derechos y responsabilidades.
En un mensaje en X, la legisladora afirmó: “El derecho a la libre manifestación rige la convivencia democrática y seremos absolutamente respetuosos de ello. A la par, procuraremos las condiciones para que los trabajos legislativos y la discusión parlamentaria puedan llevarse a cabo de forma segura”.
Bien por el mensaje, mal que sus compañeros no lo hayan leído a tiempo.
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Quién no se ha quedado quieto ante la transición de gobierno en la CDMX, es Adal Ortiz Ávalos, presidente de la Coparmex capitalina.
El empresario no solo ha comprendido la urgencia de generar sinergias entre el sector privado y las autoridades, sino que ha dado un paso adelante al crear espacios de diálogo efectivos.
Un ejemplo reciente de su liderazgo fue haber reunido a la futura secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, con importantes empresarios de la capital.
Hace unos días, Ortiz Ávalos estuvo en la misma mesa con Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, en una reunión con cámaras y asociaciones empresariales.
Bien.
@adriantrejo