La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció respecto a la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial y sostuvo que la propuesta impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más calificada impartición de justicia.
En un comunicado, los obispos católicos sostienen que las modificaciones afectan la autonomía del Poder Judicial y ponen en entredicho la división de poderes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coinciden con
distintos organismos internacionales, en las que manifiestan que la elección para el cargo de Jueces y Magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”, señaló.
En este sentido, la Iglesia hizo votos para que el Senado de la República, “tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se dé el tiempo suficiente para
reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la Nación”.
Subrayó que se avanzará en una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal tan necesaria para nuestro país.
Recordó que, en el pasado proceso electoral, se construyó la Agenda Nacional por la Paz, presentada a quienes buscaban la Presidencia de la República, donde se expresa la necesidad de reconstruir de forma integral la justicia, un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia.