El presidente venezolano Nicolás Maduro, en el foco internacional tras cuestionados comicios, afirmó que en el país deben aprobarse leyes “duras” contra “el fascismo”, término que el chavismo suele usar para referirse a sus adversarios políticos.
“Venezuela tiene que hacer leyes antifascistas severas, duras, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser”, lanzó el mandatario proclamado para un tercer período de seis años entre denuncias de fraude.
“Nosotros estamos haciendo leyes para curarnos en salud”, dijo Maduro, que acusa a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad, y a su rival en las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, de alentar manifestaciones poselectorales que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y dos mil 400 detenidos.
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Se refirió además a la celebración, los días 10 y 11 de septiembre, del “primer Congreso Mundial Antifascista” al que asistirán 300 invitados de varios países.
“Vienen grandes comunicadores, intelectuales, grandes líderes del mundo antifascista”, adelantó Maduro.
El pasado 15 de agosto el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro“, la primera de un paquete solicitado por Maduro tras la crisis generada por su reelección.
La oposición reivindica la victoria de González Urrutia, quien arribó el domingo 8 de septiembre a Madrid en calidad de asilado político, luego de recibir un salvoconducto en el que Maduro asegura haber participado.
Está pendiente aprobar la “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares“, que incluye la ilegalización de partidos y multas de hasta 100 mil dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “inciten al fascismo”. Su discusión ha sido pospuesta en varias oportunidades.
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El paquete de leyes también plantea la regulación de las redes sociales consideradas por el oficialismo una vía para alentar insurrecciones. Desde el 8 de agosto la plataforma X fue restringida en Venezuela.
LEO