A unas horas de llevarse a cabo la sesión donde el Pleno conocerá la reforma al Poder Judicial, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, guardó silencio ante la versión de que será el voto 86 que necesita Morena para aprobar la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicha situación se mantenía al cierre de esta edición, pues ni siquiera los senadores de su bancada conseguían contactar con él o con su equipo.
Alrededor de las 18:00 horas se conoció la versión de que el senador por Veracruz votaría a favor de la reforma, lo que coincidió con su ausencia en la reunión convocada por la coordinadora de su bancada, Guadalupe Murguía, donde estarían los 22 senadores, propietarios y suplentes.
Obligados por las circunstancias, la bancada de Acción Nacional, encabezada por Murguía, exigió al senador de su Grupo Parlamentario, Miguel Ángel Yunes Marquez, expresar el sentido de su voto respecto a la reforma del Poder Judicial.
“Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial”, sentenció.
La senadora panista también exigió al Gobierno federal “que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y a actuaciones intimidatorias de las fiscalías”.
Recordó que desde la semana pasada todos los senadores de Acción Nacional, de viva voz ante los medios de comunicación, manifestaron su compromiso de asistir a la sesión y de votar en contra de la reforma, entre ellos, el senador Miguel Ángel Yunes, “quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente”.
El 11 de julio pasado, el senador Yunes Márquez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba: “¡Podrán dictarme orden de aprehensión, lo que no podrán nunca es doblarme!. Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia”, señaló.
Ello ante la acusación que pesa sobre él por presuntos delitos electorales; mientras que su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares está acusado de cometer presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
De traicionar a su propia palabra, el senador Yunes se convertiría en el voto 86 que necesita el oficialismo para darle la mayoría calificada en el Senado a la reforma judicial.
EL DEBATE DE LOS 86
Previamente, el debate en el Senado se dio por la conformación de la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial.
La falta de un voto del oficialismo para concretar la reforma llevó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, a tratar de imponer una mayoría calificada con 85 votos de los 128 senadores, cuando lo correcto son 86.
Declaración contradictoria a la que dio la semana pasada en Radio Fórmula, donde dijo: “se hacen los cálculos porque hay quien sostiene que 66.6666 (…) entonces puede que 86 para no arriesgarte”, declaró.
Sin embargo, el nuevo criterio no fue respaldado por sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en voz de su coordinador, Manuel Velasco, contradijo al presidente del Senado al afirmar que la mayoría calificada la hacen 86 senadores.
A pregunta expresa sobre si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional, el senador y exgobernador de Chiapas reconoció que están haciendo un esfuerzo “para lograr que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial, cada una de las partes está defendiendo su postura, nosotros somos respetuosos de las y los senadores que están defendiendo su postura que no va con nosotros, pero estamos luchando por conseguir la mayoría”.
En este sentido, la doctora Lizbeth Padilla Sanabria Constitucionalista, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, señaló a este diario que de aprobarse una reforma constitucional con 85 votos, esta puede ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Corte aquí pudiera entrar, el Poder Judicial federal, que todavía no está extinto, incluso pudiera entrar en el tema, pero el procedimiento antes se tiene que hacer desde la perspectiva legislativa y tendría que llegar a la Corte para que hiciera la determinación final al procedimiento”.
En tanto el maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle refirió que “si se impugna el procedimiento y el procedimiento está desaseado entonces las resoluciones tomadas en el procedimiento están viciadas, lo que significa que las resoluciones tomadas en esas sesiones no serían válidas y se volvería a repetir el procedimiento”.
Lorenzo Córdova, expresidente del INE, consideró que “dan risa —o pena— las piruetas matemáticas que el oficialismo hace al pretender redondear las cifras para intentar convencer que 85 senadores corresponden a las 2/3 partes de los 128 integrantes del Senado”.
En entrevista con 24 HORAS, Bernardino Esparza, constitucionalista de la Facultad de Derecho de La Salle, indicó que históricamente ninguna de las reformas constitucionales de los últimos años se ha aprobado con una cifra menor a lo mínimo requerido por la Constitución.
“Una fuente del Derecho Parlamentario es la costumbre y no pueden venir a hablar de nuevas reglas, cuando por costumbre se ha hecho con 86 la mayoría calificada”, indicó.