La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, acusó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es un órgano incapaz de controlar a los integrantes del Poder Judicial.
Ante ello, Alcalde señaló que el Consejo a lo largo de 18 años, ha desechado 85 por ciento de 38 mil quejas presentadas en contra de funcionarios judiciales, por lo que: “Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces”.
Indicó que entre 2004 y 2023 se presentaron 38 mil quejas en contra de integrantes del Poder Judicial, de las cuales 32 mil fueron desechadas sin iniciar una carpeta de investigación, mientras que, de las sí investigadas, sólo se sancionaron a 472 jueces y magistrados, 1.2 por ciento del total de quejas.
Las sanciones fueron apercibimientos y amonestaciones, 292, 102 suspensiones, 41 destituciones, 23 inhabilitaciones y 14 sanciones económicas.
Asimismo, como respaldo a la postura que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Judicial, acusó que “de enero de 2023 a la fecha, el Poder Judicial ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el CJF. Ninguna ha resultado en sanción”.
Cabe destacar que, en la reforma al PJ propuesta por el titular del Ejecutivo el pasado 5 de febrero, se propone sustituir al Consejo por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración.
Al respecto, Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura señaló que dichas figuras no contemplan la vigilancia, inspección, contraloría e investigación, lo que sí atiende el organismo del cual es integrante.
“Este órgano no debería revisar el criterio jurisdiccional pues existe todo un sistema recursal de instancias y mecanismos de impugnación. Pretender lo contrario, convertiría al Tribunal de Disciplina en un órgano inquisitorial y de persecución”.
Lo anterior, durante su participación en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial.
Por su parte, el presidente López Obrador, negó este lunes que una polémica reforma que impulsa su gobierno sea un intento de “demolición” del poder judicial, como aseguró la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
“Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario”, dijo López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina, al referirse a la polémica reforma que plantea principalmente la elección popular de jueces y ministros.
“(Piña) está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el poder judicial. Sin embargo es evidente (…) que impera la corrupción en el poder judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos”, añadió.