La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aseguró que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial, por lo que una reforma a este implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en toda sociedad democrática.
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Durante su participación en la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual de la International Bar Association, sostuvo que que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.
Manifestó que la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura, aunque reconoció la necesidad de una reforma.
“Sostengo y reconozco que se necesita una reforma, pero una integral, una que fortalezca a todo el sistema de justicia y sus actores clave, a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, de forma pronta y expedita. Si nuestro sistema de justicia no cuenta con cimientos sólidos, no importa cuántas modificaciones se implementen, la estructura eventualmente cederá”, dijo.
Piña indicó que con la reforma judicial, al establecer la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, violenta e incumple compromisos internacionales asumidos por México. “Además, se ha escuchado en varias ocasiones, que tal reforma reduce la probabilidad de que los mejores perfiles ejerzan la función jurisdiccional.
“Personalmente, y asumiendo la enorme responsabilidad de ser la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, he sostenido, una y otra vez, y con el mayor énfasis posible en fechas recientes, que la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales; la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, expresó.
Indicó que la sociedad mexicana ha dado cuenta de cómo el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias, resoluciones que, reconocidamente, han protegido los derechos y las libertades.
“Ahí están nuestras sentencias sobre la tutela jurisdiccional efectiva; la prisión preventiva; el derecho a una defensa adecuada; la libertad personal y la presunción de inocencia; la libertad religiosa; el libre desarrollo de la personalidad; los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; los derechos de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+; el interés superior de la niñez; los derechos de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas; la reparación integral; la igualdad y no discriminación; la propiedad intelectual; el derecho de reunión; la perspectiva de género; la autonomía reproductiva de las mujeres; el derecho de acceso a la información; la privacidad e intimidad de las personas; los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos criterios más”, subrayó.
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