Ante la reciente decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la posible adquisición de una terminal de almacenamiento en Tuxpan, Veracruz, por 320 millones de dólares, especialistas advierten de posibles daños ambientales.
El colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) ha advertido que dicha instalación se encuentra en estado “inoperable” y su reactivación sería un grave riesgo para el medio ambiente, afectando particularmente el acceso al agua potable.
Para el abogado de JTM, Mauricio Santiago Eder, dicha transacción significa una fuente de preocupación debido a las posibles implicaciones políticas y financieras que acompañan la compra de un activo con un historial turbio. Para la nueva administración, esta adquisición podría transformarse en una bomba de tiempo, capaz de desencadenar una crisis que pondría a prueba la estabilidad y credibilidad del gobierno entrante”.
Además, advirtió que, para Pemex, en especial para el próximo titular, Víctor Rodríguez Padilla, esta acción será vista como un descomunal despilfarro de recursos públicos.
“Estamos hablando de una pérdida de millones de dólares en una estructura petrolera que no está operativa”, denunció el colectivo.
Afirmó que la terminal fue clausurada en 2021 debido a fallos estructurales. La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), iniciada en 2018 como parte de la reforma energética de 2013, fue concebida para almacenar combustibles importados, pero su administración resultó un fracaso, afectando tanto las finanzas nacionales como el entorno ambiental.
Santiago Eder subrayó que, entre 2018 y 2019, hubo cambios en los apoderados de la empresa que generan sospechas de posibles conflictos de interés, especialmente considerando los vínculos políticos involucrados.
Por su parte, Jesús Fierro Hernández, presidente del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), destacó que existen dictámenes ambientales que advierten que la reactivación de la terminal tendría un impacto sobre la flora y fauna de la región, y enumeró algunas de las anomalías detectadas, incluyendo tanques con fallos estructurales, modificaciones no autorizadas y exposición a materiales altamente tóxicos.
Señaló que, aunque la terminal fue clausurada en mayo de 2021, continuó operando durante meses, lo que agrava las dudas sobre el estado real de sus instalaciones.