Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Caracas bajo sospecha de estar involucrado en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Esta detención ocurre en un contexto de creciente represión en Venezuela, según informes de expertos de la ONU.
El arresto se suma a los de otros tres estadounidenses, dos españoles y un checo, anunciados el pasado sábado por Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura prominente del chavismo. Cabello aseguró que el cuarto estadounidense capturaba imágenes de instalaciones estratégicas, lo cual, según él, prueba su participación en un plan para atentar contra altos funcionarios venezolanos.
Los detenidos anteriores fueron identificados como Wilbert Castañeda, David Estrella y Aaron Barren Logan, mientras que los españoles son José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y el checo es Jan Darmovrzal. Cabello calificó a Castañeda como el líder del supuesto complot y reveló la incautación de 400 armas de guerra en relación con el caso.
La situación de los detenidos, incluyendo su ubicación y los cargos específicos, sigue sin aclararse. Los gobiernos de sus países solicitaron información a las autoridades venezolanas.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, mantuvo una conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien exigió protección diplomática para los ciudadanos españoles. Gil, por su parte, alegó que los detenidos pertenecen a la agencia de inteligencia española (CNI), una afirmación que Madrid desmintió categóricamente.
Por otro lado, un informe reciente de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla una intensificación del aparato represivo estatal, describiendo una serie de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como parte de un plan para silenciar a la oposición.
El informe documenta el deterioro del Estado de derecho en Venezuela, destacando la brutal represión durante las protestas poselectorales, que resultaron en 27 muertes y la detención de aproximadamente dos mil 400 personas. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, advirtió sobre un “clima de miedo generalizado” y una respuesta estatal cada vez más severa ante las críticas y la disidencia.
En respuesta a la situación, la administración estadounidense reiteró su apoyo a la oposición venezolana y su compromiso con la defensa de las libertades democráticas.