El dictamen establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales
Foto: Archivo | El dictamen establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales  

Por unanimidad de 492 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Constitución en materia de pueblos indígenas y afromexicanos que les reconoce sus derechos.

Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas que envió el Ejecutivo federal el 5 de febrero pasado, y que conforman el llamado plan C del presidente.

El dictamen establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella.

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Además, incorpora el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.

Les garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) calificó la sesión como un día histórico que quedará grabado en las mentes y corazones de la ciudadanía “como el momento en que, después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman”.

“Mucho se ha hablado de la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con los pueblos indígenas, pero poco se ha hecho para hacernos justicia. En el año 2001 después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, se reformó el artículo 2 de la Constitución, para reconocer algunos derechos colectivos de nuestros pueblos, como la libre determinación y autonomía.

“Sin embargo, no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos, en particular, porque fue negado el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto de derecho público”. explicó.

Juan Carlos sostuvo que con esta reforma se transforma en forma real y verdadera la existencia de estos pueblos en el Estado Mexicano ya que podrán decidir libremente, sin miedo al racismo y a la persecución, cómo quieren vivir, conservar sus territorios o elegir a sus autoridades.

El diputado Asael Hernández Cerón (PAN) aupntó que dentro de los aspectos positivos de la iniciativa está que se les reconozca como titulares de derecho, con derechos y obligaciones y que antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, estas comunidades deben ser consultadas en términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, continuó, hay aspectos preocupantes como el que tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia y la posibilidad de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ser asistidas por personas intérpretes, defensoras y peritas especializadas, “esta situación es sumamente compleja, si consideramos que ahora debemos buscar la manera de armonizar su normatividad con nuestra legislación”.

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También, expresó, no puede soslayarse el tema presupuestal, pues si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que no habría impacto presupuestal para los ejecutores del gasto, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados cuestionó la viabilidad financiera de la iniciativa.

“Preocupa que el impacto presupuestal se resienta más a nivel municipal (…) a todos nos debe preocupar encontrar el balance favorable para que los municipios puedan cumplir adecuadamente con todas sus obligaciones constitucionales, incluyendo estas últimas; política pública sin presupuesto es pura demagogia”, sentenció.

 

CSAS