El Gobierno federal se apoderó de 16 mil 730 millones de pesos de fideicomisos tras la entrada en vigor de la reforma judicial.
Según el decreto de cambios constitucionales, en el artículo 122 se adicionó que “en el ámbito del Poder Judicial, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.
A su vez, el décimo transitorio de la reforma, que cobró vigencia el pasado lunes, señala que desde ese momento los saldos de los fideicomisos judiciales pasan a la Tesorería de la Federación, pero se tienen 90 días naturales para transferirlos de manera oficial.
“Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para entregar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación”.
De acuerdo con el último reporte de Transparencia, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para seguros médicos y pensiones complementarias, tenían 6 mil 985 millones de pesos, mientras que los de la Judicatura acumulan de 9 mil 765 millones de pesos.
La reforma judicial indica expresamente que esos recursos se utilizarán para instrumentar los cambios constitucionales, como el pago de liquidaciones de al menos 800 juzgadoras y la organización de los comicios judiciales.
El documento indica que “los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que ésta determine”.
Los fideicomisos judiciales servirán para acatar el mandato de que los juzgadores “que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales”.
Tan solo la cifra para cubrir los tres meses de salario de magistrados y jueces supera los 2 mil millones de pesos y esa cifra se dispararía, pues hay juzgadores que llevan más de 20 años de servicio.
La elección judicial implicará la renovación de más cargos que los pasados comicios federales, por lo que si el Instituto Nacional Electoral (INE) la organiza bajo los mismos estándares de calidad, serían necesarios al menos 10 mil millones de pesos para la instalación de casillas, materiales electorales, pago de capacitadores y supervisores electorales, impresión de boletas.
El pasado 21 de agosto, 24 HORAS publicó que el costo de las boletas para la elección judicial alcanzaría los 904.7 millones de pesos, una cifra superior a la invertida en las elecciones federales del pasado 2 de junio.
El desglose indica que los ciudadanos tendrán papeletas para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Tribunal de Disciplina, así como la mitad de jueces de distrito y magistrados de circuito de cada entidad.
Otro transitorio indica que se derogan todas las disposiciones contrarias a la reforma judicial, además de que sus ordenamientos no estaban sujetos a interpretaciones, suspensiones o inaplicaciones de juzgadores.
Hace casi un año, en octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto que extinguían los fideicomisos del Poder Judicial, en ese entonces con un saldo de 15 mil millones de pesos.
En noviembre pasado, un juez federal otorgó una suspensión definitiva para que el Gobierno no tomará los recursos de los fideicomisos y estos se quedarán a resguardo del Poder Judicial; el 14 de mayo pasado, la Segunda Sala de la Corte rechazó una propuesta de la ministra Lenia Batres para levantar la suspensión.
Hace un año, el mandatario nacional propuso que los recursos se enviarán a Acapulco para atender la emergencia por el huracán Otis, lo que fue aceptada por la presidente de la SCJN, Norma Piña, pero las suspensiones judiciales lo impidieron. Ahora, todo eso quedó derogado y al ser una reforma constitucional, hasta hoy, los más de 16 mil millones de pesos ya son de la Tesorería de la Federación.
Juzgadores acuerdan seguir en paro
La Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (JUFED) anunció que extenderá el paro de labores en juzgados y tribunales del país, tras la aprobación de la reforma judicial.
“La prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo, con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajamos en el seno de tribunales y juzgados”, aseveró.
Aseveró que “lo anterior no es óbice para que la Jufed realice las acciones pertinentes para garantizar la defensa legal del gremio contra la reforma ni para continuar con el ejercicio de los derechos de reunión y asociación y de libre manifestación de ideas”.
Los juzgadores mantienen un mitin afuera de la Suprema Corte, que se prevé que hoy sesione tras 15 días de suspenderse en protesta por la reforma judicial.
El magistrado Isidro Muñoz, en el mitin afuera de la SCJN, dijo: “la República no morirá mientras haya una Suprema Corte que defienda la Constitución, la mal llamada reforma judicial, que busca politizar la justicia, ya fue aprobada, pero no es una derrota, solo significa que ya se acabó la batalla política y que habremos de librar otra más importante: la Jurídica y esa la vamos a ganar”. /Ángel Cabrera