Los más de mil 600 juzgadores del país, tras la aprobación de la reforma judicial, están en la incertidumbre; y es que algunos saben que no alcanzarán los requisitos mínimos para entrar al plan de retiro anticipado de la Judicatura, por lo que recibirán su liquidación e ingresarán a las filas del desempleo, mientras otros deberán decidir si irse con el 45% de su salario como jubilación y comenzar el proceso o esperar hasta ser liquidados.
Los juzgadores del país tampoco saben cuáles juzgados y tribunales serán los elegidos para renovarse por elección en 2025 y cuáles en 2027.
Sobre el tema, la jueza federal Yasmín Murillo dijo que “hay un número considerable de juezas y jueces, por no decir mayoría, que no entramos ni de cerca en ese plan de retiro. No usé ni usaré la lucha de mis compañeros de juzgado como pancarta para ningún interés personal. Su protesta también es la mía, entre ellas el respeto a la carrera judicial”.
Por su parte, la jueza Ingrid Terán señaló que “la mayoría de los titulares no obtuvimos plan de retiro, nos vamos sin trabajo en uno o tres años a menos que ganemos una elección y se sabe que no somos políticos, lo veo difícil la verdad… y México necesita justicia, la resistencia está en otros lado, en la defensa internacional y nacional, en ellos que demuestren con hechos que la meritocracia es valiosa, en las aulas, en comunicarnos más con el pueblo. Somos servidores públicos”.
El juez de distrito Samuel Sánchez aseveró que “los titulares estamos apoyando el respeto y conservación de los derechos laborales de todos los trabajadores del PJF. La reforma les quitó la oportunidad de llegar a ser titulares, ya que ahora deben ser conocidos de un político de Morena”.
El magistrado Alejandro Andraca indicó que “siempre he creído en servir a mi país mientras se considere necesario. Pero si alguna vez cambiaba esa necesidad, no me aferraría a un cargo. No lo haré”.
Jueces y magistrados tendrán las opciones de aceptar el plan de retiro anticipado de la Judicatura y dejar sus puestos, acatar la reforma y llevarse un pago único como liquidación, ya sea porque no cumplen con los requisitos de jubilación o por su propia decisión.
Ante la modificación del acuerdo para acceder a jubilaciones de la Judicatura, que redujo de 65 años a 55 o menos la edad para obtener el beneficio, las estadísticas judiciales indican que un cúmulo de juzgadores cumpliría con el requisito de 25 años efectivos de cotización en el Issste por su trabajo en el en el Poder Judicial, pues lo cumplirían con haber ingresado a la institución a los 30 años.
Renuncias listas
De acuerdo con fuentes de la judicatura, al menos un centenar de juzgadores ya tendrían sus renuncias sobre la mesa para acceder al plan de retiro anticipado, lo que dejaría a un número indeterminado de juzgados federales y tribunales de circuito sin titulares y dejaría vacantes los cargos para que sean elegidos por voto popular en 2025.
De ocurrir esto, lo que ocurrirá con los casos que tengan abiertos será decidido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque un derecho de las partes es solicitar que el juicio arranque desde cero.
Según los datos abiertos del Poder Judicial, los jueces de distrito obtienen su nombramiento a los 38 años, mientras que los magistrados, en promedio, a los 41 años, con un historial de trabajo en el Poder Judicial de al menos 10 años.
Según la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en el perfil histórico de los juzgadores “pocos son los casos de personas con una trayectoria limitada en el Poder Judicial federal que ocupan el cargo de juez”, por lo que empiezan su trabajo en ese órgano casi al terminar sus estudios.
Otra incertidumbre es que el Legislativo, a propuesta del Ejecutivo, decidirá en los próximos meses cuáles juzgados y tribunales entrarán en la elección de 2025 y cuáles lo harán hasta 2027, es decir, a una semana de entrar en vigor la reforma, los juzgadores desconocen quiénes podrían quedar sin empleo en un año y quiénes se quedarían otros tres años en sus centros de trabajo.
Los más afectados serán quienes no cumplen con los requisitos para obtener el plan de retiro anticipado y deberán atenerse a la liquidación que marca la reforma judicial, que es de tres meses de salario y 20 días por cada año laborado.