Un reportaje presentado por el periódico Reforma reveló una red de corrupción y complicidades que opera al interior de la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual utiliza a menores de edad, hijos de padres en proceso de divorcio, para obtener beneficios económicos y manipular las resoluciones a favor de una de las partes.
Olivia Rubio, abogada penalista y representante de una de las familias afectadas, reveló que todos los casos detectados, al menos siete, están vinculados a un despacho a cargo de Ana Katiria Suárez Castro y en la Fiscalía las carpetas de investigación son atendidas por las mismas personas:
“En todos los casos, ese despacho solicitan la atención para el dictamen en materia de psicología al Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI) y, curiosamente, esta atención siempre recae en dos de los peritos que trabajan ahí y siempre salen, aún sin datos, con afectación”, explicó.
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Rubio afirmó que el despacho de Ana Katiria Suárez ha creado “una red de extorsión a las familias” y detalló el modus operandi, el cual consiste en solicitarles pensiones alimenticias irracionales “hablamos de entre un millón y un millón y medio de pesos al mes”; cuando los padre explican que esta solicitud está fuera de proporción, son acusados de violencia familiar y hasta sexual contra las niñas y niños.
Reforma consignó que en diversos asuntos iniciados por mujeres en contra de sus exparejas, todas representadas por la abogada Suárez Castro y radicados en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encontró la participación de diversos servidores públicos en la comisión de hechos con apariencia de delitos.
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En las indagatorias CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00609/02-2024 interpuesta por Regina Seemann Audifred; en la CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/04559/11-2023 interpuesta por Marisol Cervantes Salvatori y CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00220/01-2024 interpuesta por María Fernanda Turrent Hernández, se encontraron similitudes entre abogados, Ministerios Públicos, psicólogos y peritos.
Los acusados denunciaron que la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico “con el objetivo de influir en decisiones clave relacionadas con la cuota de pensión alimenticia, custodia y otros aspectos financieros”; además de presentarse pruebas falsas y manipulación de testigos clave.
CSAS