Por unanimidad con 127 votos a favor, el Senado mexicano aprobó la reforma constitucional por la que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas.
Además se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros.
“Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género, y para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, consideró necesario y urgente terminar con la discriminación estructural e histórica que han enfrentado estos sectores de la población.
“Hoy hacemos un esfuerzo por desmontar, desde nuestro mandato constitucional, esta estructura de dominación y exclusión que ha perdurado entre nosotros, a pesar de las transformaciones sociales que han tenido lugar en nuestra historia”, expresó.
La reforma aprobada establece que México “tendrá una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”.