No habían pasado ni 24 horas de que el Senado aprobara la reforma Constitucional por la que la Guardia Nacional quedará adscrita al Ejército mexicano, cuando al menos ocho congresos estatales ya habían avalado esta modificación, con el fin de que en el último día de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador la deje promulgada.
Ayer, a las 6:00 de la mañana y después de nueve horas de discusión, la mayoría oficialista en el Senado aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma que modifica 12 artículos de la Constitución Mexicana y permite al Ejército tener el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN).
Una vez más, el voto del todavía senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez, dio la mayoría calificada a Morena.
De inmediato los congresos locales convocaron a sesiones extraordinarias y hasta el cierre de esta edición, las legislaturas de Tabasco, Baja California, Ciudad de México, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas y Yucatán ya habían dado su aval a la reforma.
Además se perfilaba la aprobación en Colima y Campeche. Mientras que los congresos de Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, tienen programadas sus sesiones para este jueves.
En Durango, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados los legisladores del PRI votaron en contra, sus diputados locales votaron a favor.
Para el maestro Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional por la Universidad La Salle, la reforma a la Guardia Nacional permite que la norma jurídica se “empareje con la realidad” ya que este cuerpo policiaco tenía ya una fuerte presencia de personal militar, capacitación y el adiestramiento se realizaban en instalaciones militares y por elementos de las Fuerzas Armadas.
Por lo que ahora con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, se legaliza “esa realidad que estaba distorsionada, porque en el contexto de la creación de la Guardia Nacional estaba sobre todo el tema de su cabeza, de su dirección bajo un aspecto civil dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora ya queda completamente en el ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
De esta manera, dijo el especialista, “vamos a tener a la Secretaría de la Defensa manejando los temas del ejército de tierra, el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional”, como sucede en la gendarmería en Francia, en la Guardia Civil española, donde tienen la presencia de un área dedicada al trabajo en materia de seguridad pública pero encuadrado en una fuerza militar.
Señala EU a Bartlett en caso Camarena
Un memorándum desclasificado por la Embajada de Estados Unidos en México insinuó la posible complicidad de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el caso del secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas de EU (DEA), a manos del Cártel de Guadalajara.
El asesinato de Camarena, ocurrido en febrero de 1985, en Jalisco, se convirtió en uno de los hechos emblemáticos en la historia del narcotráfico. Tras ser torturado más de 30 horas, su muerte desencadenó una fuerte presión por parte de Estados Unidos sobre el Gobierno mexicano, lo que derivó en la desarticulación de la organización criminal liderada por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.
El documento fechado en 1986, descubierto por la antropóloga Ieva Jusionyte y los periodistas Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo, revela que existían “fuertes sospechas” de que la protección hacia narcotraficantes habría alcanzado a altos funcionarios del Gobierno mexicano, incluyendo a Bartlett. Aunque gran parte del memorándum está censurado, el texto deja entrever la conexión entre la corrupción de las instituciones mexicanas y la protección a líderes del narcotráfico.
“Las actividades de protección contra narcóticos… llegaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Si bien se trata de simples sospechas sólidas debido a los indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión de [testado], no es difícil concluir lógicamente que estas actividades en última instancia benefician a los principales líderes del Gobierno mexicano”, señala el mensaje.
A pesar de las graves insinuaciones, Bartlett ha negado rotundamente cualquier implicación en el caso Camarena, al calificar las acusaciones como “falacias”. Sin embargo, las sospechas sobre su presunta complicidad fueron objeto de discusión pública durante décadas, y su nombre apareció vinculado en diversas declaraciones de implicados en el caso.
La reapertura del juicio del expolicía Raúl López Álvarez, quien fue condenado por su participación en el secuestro de Camarena y posteriormente confesó haber exagerado su papel en los hechos, agrega una nueva dimensión a la investigación.
La decisión del juez estadounidense John A. Kronstadt, en marzo de 2023, de revisar este caso, aunada a la desclasificación de nuevos documentos, renueva el interés en la conexión entre el crimen organizado y figuras políticas prominentes de la época.