El debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido gana fuerza en el ámbito internacional, lo que lo convierte en un tema central para quienes padecen enfermedades terminales o condiciones irreversibles. En este contexto, países como los Países Bajos, Bélgica y Colombia avanzaron en la regulación de la muerte asistida, con el objeto de garantizar a sus ciudadanos una muerte digna.
Sin embargo, la implementación de estas prácticas es un terreno polémico, marcado por diferencias culturales, éticas y legales.
La eutanasia se define como la intervención directa de un profesional médico para causar la muerte de una persona, a petición de esta, con el fin de aliviar un sufrimiento insoportable causado por una enfermedad grave. Esta práctica puede ser activa, donde se emplean medios para provocar la muerte, o pasiva, en la que se retiran tratamientos médicos que mantienen a la persona con vida.
Por otro lado, el suicidio asistido consiste en que el paciente, con apoyo médico, administra por sí mismo una sustancia letal que termina con su vida. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido el paciente es el agente activo de su muerte.
Hasta ahora, nueve países legalizaron la eutanasia activa bajo ciertas circunstancias: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal y Ecuador; mientras que el suicidio asistido está permitido en diez naciones, incluido Suiza, país pionero en este tipo de intervenciones.
América Latina, tradicionalmente conservadora en temas bioéticos, comenzó a abordar el derecho a morir dignamente, aunque con avances desiguales. Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el de Paola Roldán, una ecuatoriana diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras años de lucha, la Corte de Ecuador despenalizó la eutanasia en febrero, de este modo el país se convirtió en el segundo de la región en permitirla.
Colombia, a pesar de ser pionero en la región, aún enfrenta desafíos. Aunque la Corte Constitucional emitió múltiples fallos que regulan la eutanasia, el Congreso no promulgó una ley definitiva que regule su aplicación. En otros países, como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el foco está en los derechos del paciente a rechazar tratamientos invasivos, pero la eutanasia sigue siendo ilegal.