Aunque de manera indirecta, el argumento central para probar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo en el reconocimiento no tan explícito de que la inseguridad no es producto de bandas de raterillos en las calles, sino que se trata de una estructura de poder criminal, multimillonario y dominante que configura el crimen organizado.
En otras palabras, la gran pregunta que ambientó la iniciativa presidencial y los debates en las dos cámaras del Congreso se pueden sintetizar de la siguiente manera, ¿estaría la Guardia Nacional como policía civil capacitada para combatir a los cinco cárteles del crimen organizado y el narcotráfico que se han apoderado de territorio, instituciones y sociedades en 90 por ciento de los estados de la República?
La única estructura de Estado con capacidad para confrontar y desarticular al poder criminal de la delincuencia es la que configura las Fuerzas Armadas. Las bandas del crimen organizado corrompieron y desarticularon a todas las policías civiles: la federal de seguridad, la judicial federal,las judiciales estatales, las policías municipales en las estructuras judiciales de los tres niveles de Gobierno.
Jefes policiacos y secretarios de seguridad cayeron en las redes de la corrupción y la delincuencia.
El poder de la delincuencia se configuró en el período 1977-2018, desde el nefasto caso de Arturo El Negro Durazo Moreno con López Portillo, hasta Genaro García Luna con Calderón y la crisis judicial de Ayotzinapa con Peña Nieto.
Si se entiende bien el modelo, López Obrador comenzó a prácticamente de cero y tomó una decisión que sigue sin ser comprendida: evitar una policía civil que tendría restricciones, acotaciones y debilidades, además de una capacidad de fuego menor a la del crimen organizado, y aprovechar la caracterización de las Fuerzas Armadas como institución social y del Estado para combatir a la delincuencia.
Nada de esto tiene que ver con la militarización o toma del poder por los militares.
Zona Zero
- El fracaso de la investigación de Ayotzinapa en el Gobierno de López Obrador estuvo en la confrontación entre la investigación judicial que prácticamente se basaba en la verdad histórica de Peña Nieto y la intencionalidad del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez que quiso responsabilizar al Ejército de una represión que ejercieron funcionarios estatales y municipales del PRD, su partido.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh