Al tener el voto de 26 Congresos locales, con excepción de aquellos gobernados por la oposición, el Senado de la República declaró aprobado el decreto que permite el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las Fuerzas Armadas estar activas en tiempos de paz en tareas de apoyo a la seguridad pública.
A la sesión de este domingo no acudieron los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), bajo el argumento que no “avalar” una reforma que aseguran, “militariza al país”.
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La reforma que modifica 12 artículos constitucionales, señala que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen” y en el artículo 89 numeral VII, establece que el Presidente podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”.
También otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos. “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”, se señala en el dictamen.
La reforma prohíbe el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en situaciones ordinarias, con lo que se consolida el carácter democrático y civil del Estado y se obliga al respeto a los derechos humanos.
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“En situaciones ordinarias, los ciudadanos no están obligados a prestar servicios ni aceptar imposiciones de las Fuerzas Armadas, en defensa de sus derechos humanos”, señala la propuesta de reforma constitucional.
Refiere que, “al prohibir el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en tiempos de paz, se protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio, asegurando con ello que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos, independientemente de la fuerza armada involucrada”.
MC