La batalla jurídica contra la reforma judicial arreció en los últimos días y desde varios frentes, lo que coincide con la asunción de Claudia Sheinbaum a la Presidencia… Llegando incluso a advertir a los consejeros electorales, encargados de la elección judicial, de posibles sanciones carcelarias.
Mientras que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alistan para una posible intervención, el Instituto Nacional Electoral (INE) opta por no dejarse notificar y una jueza amenaza a los consejeros con cárcel si siguen con la organización de los comicios judiciales, mientras que el Senado pierde al menos cuatro recursos de queja.
Respecto al juicio de amparo 1125/2024, por el que un juzgado federal de Colima suspendió los efectos de la reforma y pidió al INE frenar la organización de la elección y a la Judicatura detener su instrumentación, este acumula nueve quejas.
En al menos cuatro suspensiones anteriores contra el proceso legislativo de los cambios, las autoridades desacataron las resoluciones y tampoco promovieron quejas ante tribunales colegiados.
Sin embargo, en esta última suspensión, el Senado ya perdió cuatro recursos de queja contra las suspensiones y la Cámara de Diputados otra.
La última publicación en los estrados sobre el caso resalta que el INE no había podido ser notificado sobre la suspensión provisional contra la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, por lo que el juez Francisco Javier García Contreras le advirtió que una negativa podría generar una multa de 10 mil pesos.
Dicho juicio de amparo fue promovido por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC y sus efectos para que el INE, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Senado frenen la instrumentación de la reforma, ya fueron confirmados por un tribunal colegiado de Colima, que rechazó al menos cuatro recursos de queja de la Cámara alta.
Otro frente contra la reforma se abrirá desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), instancia a la que llegaron las primeras impugnaciones contra el acuerdo del INE para arrancar con el proceso electoral de juzgadores.
La Judicatura impugnó ante la Sala Superior el arranque de los comicios judiciales, mientras que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ingresó otra impugnación contra la declaratoria del inicio de la elección judicial, con el argumento de que carece de certeza y seguridad jurídica por arrancar sin reglas y basado en artículos transitorios de la reforma.
A su vez, el Pleno de la Suprema Corte tiene listado para su discusión este jueves al menos tres recursos de consulta a trámite sobre la reforma judicial, que de llevarse a cabo ese debate se decidirá si se da entrada a la revisión de la constitucionalidad de los cambios, vigentes desde el pasado 16 de septiembre.
Los proyectos de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres proponen declarar notoriamente improcedentes las solicitudes de los jueces y magistrados del país para que la Corte intervenga en la revisión constitucional de la reforma.
Por su parte, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá propone abrir una controversia constitucional contra la reforma judicial, lo que abriría la posibilidad de suspenderla e incluso anularla.
El proyecto del ministro tendría que ser aprobado por la mayoría de integrantes de la SCJN, con lo que se asignaría a uno de sus pares la elaboración del proyecto, y con la admisión se podría decretar su suspensión.
APERCIBEN A CONSEJEROS
En los días pasados, juzgados federales de Jalisco y Nuevo León dictaron nuevas suspensiones contra la reforma judicial, pero la más trascendente fue la de titular del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Yucatán, que dictó una suspensión provisional contra la instrumentación de la reforma judicial y la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados.
Grissell Rodríguez Febles emitió la resolución que ordena al Instituto Nacional Electoral detener la elección judicial, lo que significa la segunda suspensión de ese tipo.
Otra de sus determinaciones es la advertencia a las autoridades de que se debe acatar la suspensión, con el “apercibimiento se actualizará la hipótesis del artículo 262, fracción II de la Ley de Amparo”.
Dicha fracción indica que se impondrán de tres a nueve años de prisión a las autoridades que “no obedezcan un acto de suspensión debidamente justificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra”.
La jueza indicó que “cualquier inconformidad con esta resolución debe hacerse valer a través de los recursos que para tal efecto, y no a través de los medios masivos de radio y televisión o redes sociales, ya que esos medios no son reconocidos como un medio de defensa y con eso, o con descalificaciones, no puede quedar sin efecto una medida suspensional”.
A su vez, ordenó al Senado que no publique la convocatoria para la elección judicial.