Expolíticos, fiscales y abogados de famosos buscan llegar a la SCJN
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El ministro Alberto Pérez Dayán será el encargado de elaborar el primer proyecto que analiza la validez de la reforma judicial, que entró en vigor desde el pasado 16 de septiembre.

En los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se publicó que la presidenta Norma Piña asignó a la Segunda Sala, a la ponencia del ministro Pérez Dayán, elaborar el proyecto de sentencia.

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El pasado jueves, el Pleno de la Suprema Corte determinó que sí podía ejercer su facultad de atracción en los asuntos de la reforma judicial.

A solicitud del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el ministro deberá elaborar un proyecto en el que se analice “la posibilidad de efectuar un control de regularidad constitucional del proceso de reforma constitucional, así como analizar la existencia de eventuales límites materiales al Poder Reformador de la Constitución”, es decir, al Legislativo federal y los locales que aprobaron la reforma judicial.

Dicho asunto proviene originalmente del juicio de amparo 1627/2024 en el que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declaró notoriamente improcedente la solicitud de suspensión provisional contra el decreto de reforma judicial, basado en el artículo de la Ley de Amparo que señala que no proceden recursos contra cambios a la Constitución.

Los promoventes del amparo emitieron un recurso de queja el 20 de septiembre en el tribunal colegiado, que declaró turnar el asunto a la SCJN para que ejerciera su facultad de atracción.

Por lo que este será un asunto inédito y el primero en su tipo que resolverá la Segunda Sala de la Corte, pues el ministro Alberto Pérez Dayán tendrá que proponer si es posible emitir suspensiones o declarar la invalidez de reformas constitucionales.

El pasado 1 de febrero, con su voto de calidad como presidente de la Segunda Sala, la reforma eléctrica fue declarada inconstitucional. Además, en 2022 fue quien suspendió los efectos de la reforma electoral, conocida como Plan B, aunque en esos casos se trataba de cambios a leyes y no una reforma a la Constitución.

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Este asunto es independiente a los que la Corte dio entrada por solicitud de juzgadores y que en los próximos días se asignarán a ministros para su resolución, así como las controversias constitucionales que han llegado al máximo tribunal.