Con los votos del bloque oficialista, que le dieron la mayoría calificada de 353 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen que reforma la Constitución con el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejarán de ser empresas productivas y nuevamente serán públicas.
Además, tendrán prevalencia sobre las empresas privadas, y en el caso de la generación de electricidad, el Estado podrá tener hasta 54% del mercado y el restante 46% será para la iniciativa privada.
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El cambio en el Artículo 27 suprime la posibilidad de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares para la transmisión y distribución de energía eléctrica y ahora las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
A la prohibición ya existente para otorgar concesiones de minerales radiactivos se suma ahora la del litio.
Sin embargo, en el caso de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones, el dictamen señala que serán otorgadas exclusivamente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuya desaparición está propuesta en otra reforma a la Constitución que está por dictaminarse en comisiones.
El dictamen establece también la participación el Estado, a través de la CFE, para la prestación del servicio de internet y no podrán considerarse como monopolios su participación en este sector, así como en el de correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear.
En abril 2022, una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal en similares términos fue desechada al no aportar la oposición los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores a favor, y quedarse el bloque oficialista únicamente con 275 votos.
Después de ello el oficialismo reformó la Ley de la Industria Eléctrica, que no requirió los votos de la oposición para ser aprobada, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional.
En la discusión de esta tarde, la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena) expuso que las reformas a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución es un paso decisivo hacia la recuperación del patrimonio nacional y el fortalecimiento del bienestar social.
“Debemos reconocer la importancia de que el Estado mantenga el control sobre las empresas públicas. Esta modificación busca garantizar que la propiedad y el control de estas empresas sean una responsabilidad del Estado, asegurando que su actividad esté regulada por la ley.
“Es un país donde el pasado nos ha demostrado el riesgo de los monopolios privados, es esencial que el interés público prevalezca sobre los intereses particulares”, aseveró.
La diputada Gloria Núñez Sánchez (MC) criticó que en el bloque oficialista haya diputados que en 2013 votaron a favor de la reforma que este miércoles se eliminó.
Recriminó también que la ineficiencia de las empresas del Estado se ha dado a pesar de los constantes apoyos que se han otorgado por parte del oficialismo en los últimos años.
“En el 2023, la CFE recibió aportaciones patrimoniales por 10 mil millones de pesos. Sin embargo, no recuperó el porcentaje de participación que tenía en el sector energético.
“Y, en 2017 contribuía con un 53.5 % de la generación de energía eléctrica nacional. Para el 2022 esta disminuyó al 40.2 %, además el porcentaje de participación de energía limpia descendió del 27.4 % en 2017, al 24.4 % en 2023”, sostuvo.
En cuanto a Pemex, continuó, del 2018 al 2024 los apoyos ascendieron a un costo de 1 billón 867 mil millones de pesos y aun así, el aporte en recursos de esta empresa pasó de 5.6 puntos del PIB a l 0.9.
El diputado Mario Zamora (PRI) pidió a los legisladores del bloque oficialista escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien señaló que México requiere de más inversión privada en materia de energía, porque el Estado no tiene los recursos suficientes para ampliar el uso de energía renovable, resolver problemas de suministro y distribución de electricidad.
Expuso que se requieren 28 mil millones de pesos que hoy no cuenta con ellos la CFE y no estarán en el presupuesto del próximo año.
Además, dijo Zamora la reforma violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, la no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, por lo que advirtió aprobarlo generaría contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas constitucionalmente.