El Consejo de la Judicatura Federal se reunió la tarde-noche del miércoles para atender dos asuntos: el pliego de peticiones de los trabajadores del Poder Judicial -en paro- y la solicitud de información sobre las plazas del propio Poder que exigió el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

 

Sobre el primer asunto, los siete integrantes del Consejo, por unanimidad, firmaron un acuerdo general que contiene las respuestas a las peticiones de los trabajadores.

 

En el segundo caso, los consejeros identificados plenamente con Morena, Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés Zárate, Celia Maya García y el consejero Sergio Javier Molina, que no se identifica como morenista pero que simpatiza con sus causas, votaron a favor de que el Consejo de la Judicatura Federal entregara la información que pidió Fernández Noroña.

 

Eso fue, en términos prácticos y llanos, la claudicación del órgano de control del Poder Judicial ante el gobierno y su partido.

 

Pero el tema tiene mucho más de fondo pues, en la práctica, significa también la sepultura del derecho de amparo, al menos en el tema de la reforma judicial, a la espera de que no ocurra en otros apartados.

 

Varias decenas de jueces habían concedido amparos en contra de la reforma y aún en contra de que el INE comenzará la organización del proceso mediante el cual se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

 

Nada de eso sirvió, ha servido o servirá, porque el gobierno decidió que la Corte no puede revisar una reforma constitucional, a pesar de las voces en contra de especialistas en la materia.

 

La decisión de estos 4 consejeros de la Judicatura, sin embargo, representa un fenómeno legal sin precedente en el que los juzgadores van con contra de los fallos de otros juzgadores, colocando en entredicho ya no la autonomía del Poder que representan, sino la factibilidad de un derecho como el amparo, cuya creación se presumió por décadas como la aportación del derecho mexicano al mundo.

 

Si el gobierno y el propio CJF atropellaron ese derecho, ¿qué puede esperar el ciudadano común cuando quiera recurrir a esa figura creada para detener los abusos de poder?

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Por cierto, hoy concluye la prórroga que el Consejo de la Judicatura había dado a los trabajadores en paro para que lo levantaran.

 

Ayer se firmaron acuerdos y compromisos con lo que se podría dar por entendido que dicho paro terminará, pero nada de eso es seguro, sobre todo a partir de la decisión de la mayoría del CJF con la que, literalmente, se rindieron ante el gobierno.

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Ayer se aprobaron las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Medios de Impugnación, con lo que se halla el camino para la organización del proceso para la selección de juzgadores del poder judicial.

 

Una de las beneficiarias fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues dentro de las reformas se aprobó en el Senado concederle facultades para que la presidencia del Instituto pueda, de manera personal, definir posiciones administrativas que antes debía hacerse de manera colegiada, es decir, con la participación de los 11 consejeros electorales.

 

Dicho de otra manera, el INE, que siempre presumió de la toma de decisiones colegiadas, dejó de tener esa garantía pues la presidencia acumulará ese poder.

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La gobernadora (es un decir) de Guerrero, Evelyn Salgado, se tomó una foto con el presidente municipal sustituto de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, para presumir “su apoyo’’.

 

Ya para qué.

 

     @adriantrejo