El Senado de la República aceleró la discusión de los dictámenes de las iniciativas presidenciales sobre trenes de pasajeros y empresas estratégicas en materia energética… y ha dejado de lado las iniciativas a favor de las mujeres.
La semana pasada el Senado recibió, de la Cámara de Diputados, las minutas de reforma constitucional en materia de vías de transporte ferroviario y, por separado, la modificación constitucional en el tema de áreas y empresas estratégicas, mismas que este lunes serán discutidas y aprobadas en comisiones.
Sin embargo, el 4 de octubre pasado la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, remitió a la Cámara Alta cuatro iniciativas para garantizar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, ampliar los derechos de las mujeres y asegurar una vida libre de violencia para este sector de la población; no obstante fue hasta la sesión del pasado nueve de octubre cuando la Mesa Directiva las remitió a comisiones, que hasta ahora no tienen fecha para su discusión y eventual aprobación.
Este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos discutirán el dictamen por el que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, y lo envíe al Senado para sus efectos constitucionales.
Aunado a ello, ese día también sesionarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, con el fin de discutir el dictamen por el que se reconoce la propiedad y el control sobre las empresas públicas del Estado; así como la prevalencia de la empresa pública sobre los particulares en materia eléctrica.
En tanto, siguen pendientes las iniciativas para ampliar los derechos de las mujeres que proponen eliminar la brecha salarial por razones de género, y que plantean que el Estado, además de garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva, debe reforzar las medidas para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Además, establece el principio de paridad de género en los cargos de Presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales.