Quienes son aficionados al juego confían con todas las fibras de su cuerpo, y con algunas prestadas, que la siguiente racha vendrá con un golpe de suerte definitivo.

Creen que el siguiente tiro, la siguiente vuelta, vendrá con una fortuna renovada que va a borrar de tajo todas las malas suertes acumuladas antes y que ahora si, esta va a ser la buena y habrá dinero y prosperidad y fortuna y cierto grado de envidia para quienes no creyeron en ellos.

En eso la tómbola de este sábado, hecha en una sesión en el Senado de la República, donde los legisladores llevaron a cabo una rifa para conocer cuáles serían los juzgadores que serían removidos de su cargo y electos por votación popular este 2025, no fue distinta a ninguna.

Quienes están convencidos del ejercicio, juran y prometen con la misma fe, que este proceso realmente conviene al sistema de justicia, que ahora sí tendrá gente capacitada sin posibilidades de corrupción.

En total, se renovarán 464 espacios de magistrados de distrito y 386 de jueces de distrito. De ellos, 139 eran vacantes que se tenían previamente.

Los legisladores de Morena que participaban activamente en la rifa, como la senadora Malú Micher, hacían énfasis en que no se incluían nombres, únicamente números en el proceso de rifa.

Las redes sociales, se llenaron muy rápido de reclamos de jueces y magistradas, que no estaban siendo solo números lo que se revolvía y sorteaba. Eran carreras profesionales y años de experiencia que ahora lucen más o menos inservibles. Más de uno reclamó que eran 18, 20 o 30 años de servicio.

Nadie dice que no hubiera defectos, ni posibilidad de reformar un poder que ha sido cuestionado muchas veces, más de una con fundamentos y pruebas de peso. Pero, y aquí la duda genuina, ¿hasta dónde es válido llegar para efectuar un cambio en un país? ¿Vale la pena arrasar con una institución para cambiarla de fondo?

Mi duda es si borrar las capacitaciones, experiencias y ajustes hechos de manera histórica era indispensable para una mejora del Poder Judicial. Si la carrera judicial no podía aprovecharse para fortalecer la conformación de algo más sólido, transparente y menos expuesto a amiguismos y cotos de poder.

Habrá una curva de aprendizaje inevitable y habrá que diseñar una estrategia para lidiar con esas consecuencias, que según los expertos muy posiblemente pagarán más caro los más pobres.

La política al interior del Poder Judicial arrecia. Al interior del Consejo de la Judicatura las opiniones están completamente divididas entre los consejeros simpatizantes con el gobierno y quienes critican la nueva reforma (que claramente van perdiendo fuerza y aliados).

Por ahora, la misión de la oposición, si aún tiene una posibilidad de hacer algo, es lograr una transparencia suficiente para denunciar las influencias de poder, si las hubiera, y pelear por un proceso donde personal verdaderamente capacitado llegue a ocupar los espacios que dejó una tómbola.

 

       @Micmoya