La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un extenso informe de 158 páginas que acusa al gobierno de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad durante el periodo electoral comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. El documento señala que fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, en un contexto marcado por la represión política.
El informe identifica a diversas instituciones del Estado como responsables directos de estas violaciones a los derechos humanos, destacando la participación masiva de la inteligencia civil (SEBIN), la inteligencia militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Estas fuerzas habrían empleado la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza para sofocar protestas y silenciar la disidencia.
Además, se menciona que las declaraciones de altos funcionarios estatales, especialmente tras el 28 de julio, contribuyeron a generar un clima de violencia y hostilidad.
El Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional también son señalados en el informe. El primero por no cumplir con las normativas básicas de transparencia e integridad, y el segundo por aprobar leyes que restringen el espacio cívico y democrático. Asimismo, el sistema judicial venezolano fue descrito como carente de independencia.
El informe revela que el perfil de las víctimas de la represión se amplió considerablemente durante este periodo electoral, incluyendo a ciudadanos comunes que mostraron su desacuerdo con el gobierno o los resultados de las elecciones presidenciales, además de los habituales líderes de la oposición y sociales.
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, también documentó un aumento en las detenciones relacionadas con supuestas conspiraciones en los meses previos a las elecciones, en el marco de la operación “Brazalete Blanco”. Según el informe, al menos 48 personas fueron arrestadas en relación con estas acusaciones, mientras que otras 121 fueron detenidas por colaborar con la oposición durante la campaña electoral.