Las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género incrementaron durante las etapas de comicios y en los últimos dos años se recibieron 125 asuntos relacionados con este delito, destacó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
En su informe final de gestión, de septiembre 2022 a septiembre 2024, la Comisión Permanente de Quejas señaló que estas conductas presentaron un incremento durante las elecciones, particularmente en 2024, donde se recibieron 89 denuncias.
Mientras que, en los últimos dos años, recibió 125 asuntos relacionados con Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género (VPMRG), de los cuales, 92 casos estuvieron vinculados directamente con el Proceso Electoral Local Ordinario.
De acuerdo con el documento, se registraron 33 casos no vinculados a procesos electorales, 7 en 2022, 18 en 2023 y 8 en 2024, por lo que esta conducta puede denunciarse no sólo en periodos de campaña, sino que también se presenta en otros momentos y bajo otras circunstancias políticas.
De 2022 a 2024, se dictaron 28 medidas de protección consistentes en garantizar la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas promoventes, de las cuales 7 fueron procedentes (5 emitidas en 2023 y 2 en 2024); 17 fueron declaradas improcedentes y se registraron 4 casos de incompetencia para dictar medidas, detalla el informe.
En respuesta a esa problemática, el Instituto Electoral capitalino impulsó la adopción de medidas para atender y erradicar este tipo de violencia, así como la aprobación de un protocolo para la atención de la violencia política de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.
El protocolo destaca la atención especializada de primer contacto por parte de un equipo capacitado en áreas como psicología, seguridad pública y trabajo social, conformado mayoritariamente por mujeres, a fin de ofrecer una atención oportuna, efectiva y empática.
Reiteró que para el órgano electoral es fundamental atender la violencia contra las mujeres de manera permanente, independientemente de la naturaleza del contexto político en el que se desarrolle, bajo la premisa de tolerancia cero ante cualquier acción que denoste la condición humana de las personas.