Los consejeros electorales se encuentran en una encrucijada: seguir o no con los preparativos de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, respetando los amparos en contra de la reforma, o seguir con el proceso ignorando las resoluciones, como desde el gobierno les indican.
No es un asunto menor.
Aunque para el gobierno y los legisladores de Morena la Corte ya no existe en el tema de la reforma judicial, el INE ha recibido 140 notificaciones de jueces para detener la organización de la elección.
Ayer mismo, la jueza Décimo Novena de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, concedió una suspensión definitiva en contra de la reforma y ordenó que el documento fuera borrado del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La juez en cuestión advirtió que, si no se obedecía el resolutivo, se daría vista al Ministerio Público por la comisión (de parte de los consejeros electorales) de un delito grave de acuerdo con la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.
El equipo de Guadalupe Taddei, espera aún la resolución del Tribunal Electoral, que no se ha pronunciado al respecto.
Pero, en teoría, mientras no se concrete la reforma, el Poder Judicial sigue vivo y aplicando la normatividad vigente.
Así tendría que ser, pero bajo el argumento de que no se puede detener una reforma constitucional, en el Senado hacen como que no oyen o les vale un cacahuate el alud de amparos en contra de dicha reforma y lo mismo quieren que suceda con el INE.
La decisión la tiene Taddei: ordenar que continúe la organización del proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros o atender los mandatos judiciales.
La segunda opción sería la correcta, a menos que la presidenta del INE reciba las garantías desde lo más alto del poder que no ocurrirá nada si desacatan los amparos.
Si ocurriera lo último, el INE habrá muerto.
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Hoy corresponde el turno a Ismael Zambada, El Mayo, para comparecer por primera vez ante el coco de los líderes de cárteles mexicanos, el juez Brian Cogan.
Zambada será formalmente imputado por cargos relacionados con el narcotráfico y a partir de entonces se sabrá cuál será la estrategia de su defensa para buscarle el mayor beneficio.
En Sinaloa (y otras partes del territorio nacional) no deben estar muy tranquilos por lo que pueda ocurrir mañana y seguramente están rogando para que al El Mayo no se le vaya a ocurrir siquiera pensar en ser testigo colaborador.
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El intento de asesinato de la dirigente de un sector de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la CDMX, Diana Sánchez Barrios, ocurrido a la vista de cientos de transeúntes, ya puso en alerta roja a la Policía de la capital.
Sánchez Barrios tuvo un pleito añejo con otra dirigente del comercio ambulante, María Rosete, que llegó a la sangre en el 2003, cuando el esposo de la segunda fue asesinado en un pleito colectivo.
Rosete acusó a Sánchez Barrios de participar en el homicidio de su marido, por lo cual la dirigente que ayer sufrió el atentado fue detenida y recluida.
Recientemente había terminado su gestión como diputada local; su pleito ya no era con Rosete -o al menos no el principal-, sino con la Unión Tepito, que cobraba derecho de piso a todos los comerciantes que representa.
El atentado en su contra podría desembocar en una ola de violencia producto de las venganzas y revanchas que seguro habrá.
Dura prueba para calar a Clara Brugada.
@adriantrejo