La reforma energética aprobada que convierte a Pemex y CFE en empresas públicas del Estado
Foto: Especial | La implementación de la reforma energética debe ser congruente con los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá  

La implementación de la reforma energética debe ser congruente con los compromisos adquiridos por nuestro país en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, señaló el Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO).

Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del IMCO, señaló que en la legislación secundaria de los cambios tanto a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los legisladores deben dar la vuelta y cumplir con lo pactado en el acuerdo comercial.

Dijo que evitar afrentas o sanciones dependerá principalmente de cómo se redacten estas reglas secundarias, ya que es ahí donde se sabrá si estamos incumpliendo o no con el T-MEC.

El investigador precisó que esta nueva administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum requerirá unos 45 mil millones de dólares para alcanzar la meta de generar 45% de energías limpias hacia 2030, según lo ha establecido la misma Comisión Federal de Electricidad.

Enfatizó que la reforma en materia de energía aprobada por la Cámara de Diputados hace unos días y que está pendiente de votarse en el Senado y, eventualmente, ratificarse en 28 congresos locales, tiene implicaciones potenciales en materia de comercio e inversión.

Esta ley tiene el objetivo de transformar la figura de empresas de propiedad del Estado a empresas públicas, y estipular que ninguna firma podrá prevalecer sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico.

Ocampo afirmó que esta implementación de los cambios constitucionales debe ir en línea con las necesidades del país en materia de descarbonización y transición energética, así como promover los menores costos eléctricos para promover la competitividad del país y considerar las restricciones presupuestales de las finanzas públicas.

En este sentido, agregó que es esencial que el modelo de despacho eléctrico abone a una mayor incorporación de energías renovables y a la seguridad del sistema.

“Uno de los riesgos de la iniciativa es que podría ir en contra de lo estipulado en las obligaciones comerciales de México”.

El IMCO indicó que esta reforma constitucional mantiene una redacción ambigua, por lo que después de su eventual aprobación en el Senado es necesario asegurar que la legislación secundaria se elabore cuidando la congruencia con las disposiciones plasmadas en el Tratado México-EU-Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la modernización del componente comercial del Acuerdo Global México-Unión Europea, así como el resto de los tratados comerciales y de inversión de los que México es parte.