María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló que las autoridades federales han desacatado al menos 70 suspensiones contra la reforma judicial.
En entrevista con 24 HORAS, aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum no es la única autoridad en desacatar un ordenamiento judicial en las últimas semanas, también lo ha hecho el Legislativo, la Judicatura y el Instituto Nacional Electoral (INE).
La magistrada, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil y quien declinó su participación en la elección judicial, apuntó que la Presidenta, diputados, senadores, consejeros de la Judicatura y del INE están cometiendo un delito al desacatar los mandamientos judiciales.
En el caso de los señalamientos de Sheinbaum de que va a desacatar la orden de una jueza de Veracruz, que la mandató a borrar el decretó de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, Molina dijo que le “queda claro que la Presidenta no es abogada y sus asesores le están dando esa información” de que la Ley de Amparo indica que son improcedentes los amparos contra reformas constitucionales.
Expresó que si solo se aplicará la ley de manera literal no harían falta jueces y magistrados, pues cualquier persona lo podría hacer, por lo que juzgador revisa si las normas se ajustan, pueden ser interpretadas o desaplicarse.
“Es inconcebible que una autoridad determine no hacer caso a una orden para que se respeten derechos humanos, porque hoy está pasando con el tema de la reforma judicial, pero se réplica lo que sucede en la Presidencia en otros, como inscripciones de seguridad social, pensiones, eliminación de ciertas órdenes de demolición o clausura”.
Respecto al procedimiento que se seguiría contra la presidenta Sheinbaum por desacatar una orden judicial, la magistrada explicó que “una autoridad que desacate una suspensión dictada por un juez de Distrito, es delito, eso no está ni siquiera en la ley reglamentaria, sino que está en la propia Constitución, lo que se está haciendo es que se está cometiendo un delito que está previsto en la Constitución, así de grave es la situación”.
Abundó que tras la violación a la suspensión, hay un trámite de incidente de violación que se instauraría contra Sheinbaum, en donde se pide que se inicie un proceso de desafuero y se denuncia ante el Ministerio Público de la Federación el desacato, cuyo castigo alcanza hasta nueve años de prisión