Dos horas le tomó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena) resolver la consulta enviada por la Consejería Jurídica de la Presidencia acerca de si es procedente o no eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial, como lo ordenó la jueza Nancy Juárez Salas.
En su cuenta de “X”, el morenista subió alrededor de mediodía imágenes del escrito de dos cuartillas enviado por la consejera jurídica, Ernestina Godoy fechada el 23 de octubre en las que explica que la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz emitió acuerdo en el que requiere a la presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el DOF.
“Dada la gravedad de ese proceder, y toda vez que en el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la Reforma Constitucional, respetuosamente se plantea a esa Soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación…
Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es el modo alguno viable en virtud de que la publicación es un hecho irremisible e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la Jueza de Distrito es de imposible realización legal, material y fáctica; más aún, se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación…”, expuso la consejera.
En su respuesta, Gutiérrez Luna señala que ve con preocupación la actuación dolosa y facciosa de la Jueza, la cual, asevera, pretende desvirtuar el orden constitucional.
Esgrime los argumentos sobre el artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo, “por lo que cualquier resolución judicial que pretenda detener o revertir la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, a través del juicio de amparo, carece de sustento legal”.
El morenista enfatiza que una vez promulgada y publicada en el DOF es jurídica y materialmente imposible su “eliminación” por lo que es inadmisible que una jueza ordene acciones que contradicen la voluntad soberana expresada por el Constituyente Permanente, puesto que ello atenta contra la separación de poderes y desnaturaliza el papel del Poder Judicial Federal.
“Así, sin duda, la decisión judicial, lejos de estar sustentada en una base jurídica sólida de acuerdo con la Constitución Federal y la Ley de Amparo, parece tener un carácter político que trasciende las facultades constitucionales de la juzgadora; descalificando el derecho del pueblo mexicano de elegir a sus órganos jurisdiccionales mediante el voto universal, secreto y directo, lo cual es una contradicción directa al artículo 39 constitucional”, señala Gutiérrez Luna en su respuesta.
Ya recibimos la consulta que comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy. pic.twitter.com/LG24DobxC6
— Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) October 24, 2024
MC