No hay, no existe en la Constitución ni en ninguna ley secundaria, un artículo que habilite a la Cámara de Senadores o a la de Diputados la facultad expresa para que “autoricen’’ o “recomienden’’ al Ejecutivo el cumplimiento o no de un mandato judicial.

 

Lo que vimos ayer en el Senado fue un episodio más en esta tragedia de enredos y chicanas en los que ha caído el Ejecutivo, con tal de justificar su rechazo a cumplir el mandato de una juez que le ordenó eliminar o bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial.

 

La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, pudo haber recurrido la orden por la vía judicial, pero optó por la politización del tema, lo que ha llevado al gobierno de Claudia Sheinbaum de traspié en traspié.

 

Los obsequiosos diputados y senadores de Morena y sus rémoras quisieron regalarle a la Presidenta una reforma constitucional que atentaba flagrantemente contra los derechos humanos, en busca de garantizarle “la supremacía constitucional’’ y la de los propios legisladores.

 

La presión social hizo que tal iniciativa fuera matizada, pero conservó el fondo: que ninguna reforma o adición a la Constitución pueda ser recurrida, combatida o controvertida, ni por la vía del amparo ni por las vías de la controversia o acciones de inconstitucionalidad.

 

El colmo fue la carta de “opinión” que envió ayer la consejera Jurídica al Senado.

 

Y si bien los senadores de Morena y sus socios le “autorizaron’’ al Ejecutivo incumplir con la resolución de la juez, la que quedó peor fue la propia consejera Jurídica, que se supone está ahí para asesorar correctamente a la Presidenta.

Lo de ayer resulta trágico-cómico, por varias razones.

Pero, la gravedad del tema radica en el hecho de que la propia consejera Jurídica no exhibió el sustento jurídico de su petición, simplemente porque no existe.

 

Como escribió el doctor en derecho, Ignacio Burgoa, no se trató de una “consulta’’ sino de una “coartada’’ con la que el Ejecutivo busca justificar el desacato a un mandato judicial.

 

¿Qué necesidad?

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Con la novedad de que el exdiputado del Verde, Arturo Escobar, quien ayer se había manifestado “totalmente en contra’’ de la iniciativa de “supremacía constitucional’’, salió ayer a decir que siempre sí la apoya.

 

Después de generar algunos soponcios con su publicación en contra, Escobar se tomó una foto con Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, para aclarar que sí apoya la iniciativa, aunque ni tiene voto en el Congreso.

 

Pero ese cambio de opinión no podía saberse, ¿verdad?

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Dos coches bomba estallaron en Guanajuato, uno en Acámbaro y otro en Jerécuaro.

 

Si bien es cierto que la responsabilidad de perseguir a la delincuencia organizada recae en el Gobierno federal, ya va siendo tiempo de exigirle a la gobernadora Libia Dennise García que se ponga las pilas.

 

Que despierte.

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Rafael Anzures Solís, director Jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, aseguró que en el estado de Hidalgo “se atenta contra el Estado de derecho, en agravio de los legítimos propietarios de la planta cementera ubicada en Tula’’.

Esto, porque el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, ha ignorado el mandato judicial para desalojar a los sujetos que la tienen tomada y en su lugar propone una “negociación’’.

 

Dicha omisión ha ocasionado a la cooperativa pérdidas de más de 25,000 millones de pesos.

 

      @adriantrejo