Sin el recurso del amparo para defendernos de los excesos del poder, con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) colonizada, al servicio del partido gobernante y con acciones de los militares que se suponía no iban a ocurrir, parece que los ciudadanos quedamos en el desamparo total.
En los primeros minutos del viernes pasado, la mayoría morenista y sus rémoras aprobaron la llamada “supremacía constitucional’’, que impide que cualquier reforma a la Carta Magna pueda ser controvertida por medio del amparo, la controversia o la acción de institucionalidad.
En defensa de este adefesio, los legisladores del partido en el gobierno aseguraron que sólo se trataba de llevar a la Constitución lo que ya estaba definido en la Ley de Amparo, lo cual es una media verdad o una mentira completa, según lo quiera ver.
Efectivamente, la Ley de Amparo estipulaba que las reformas constitucionales no podían ser impugnadas mediante ese recurso, pero no se menciona ni la controversia ni las acciones de inconstitucionalidad.
Incluidas ambas figuras en la legislación aprobada, que será discutida en la Cámara de Diputados esta semana, ningún partido de oposición podría controvertir cualquier reforma, se haya votado lo mismo desde una cantina o incluso sin que se registre el quórum necesario.
Para colmo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que podría ser, en última instancia un organismo que velara por el respeto a los derechos de la ciudadanía, está tomado por el grupo en el poder que quiere conceder cinco años más de “gestión’’ a Rosario Piedra Ibarra, quizá la peor presidenta que la CNDH ha tenido.
Y mire que la competencia ha sido dura.
Piedra Ibarra compareció, es un decir, ante los senadores de la comisión de evaluación de los candidatos a presidir la CNDH y fue, literalmente, vapuleada por la oposición.
Ni siquiera sus promotores tuvieron argumentos sólidos para su defensa.
Sume a ello los incidentes ocurridos recientemente cuyos protagonistas han sido militares, a quienes se habilitó para participar en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.
Lo último, la persecución, el allanamiento de la vivienda y la detención momentánea de los 3 hijos de un periodista asesinado hace un año en San Luis Río Colorado, Sonora.
No son todos los militares, por supuesto, ni todos los miembros de la Guardia Nacional; son actos aislados, lunares, pero en un momento de hipersensibilidad social, cuando medio país sufre los embates de la violencia, esos eventos atentan contra la confianza que se debería tener en las Fuerzas Armadas.
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La senadora del PRI, Cynthia López Castro, se ausentó de la votación de la llamada “supremacía constitucional’’ y en su defensa, argumentó que su voto no fue el definitivo para que se aprobara la iniciativa morenista.
Durante todo el viernes, en redes sociales se cuestionó el compromiso de la legisladora con el resto de sus compañeros de bancada, que sí votaron en contra, junto con los senadores del PAN y del MC, que no tuvieron “un secuestrado’’.
Dijo que se sintió mal, que se le bajó la presión y que no tuvo el celular en sus manos cuando se le buscó para que bajara al salón de plenos.
Eso sí, para que no quedara dudas de su “compromiso’’ con la posición de su bancada, pidió una disculpa pública y hasta explicó que Morena necesita “solo’’ 84 votos debido a que en el pleno había 126 de 128 senadores.
“Hasta obtuvo 85, así que mi voto no fue el definitivo’’.
Ah, no, pues sí.
Lo malo es que miles de priistas no piensan lo mismo y exigen cuentas.
@adriantrejo