Si ya estamos en una evidente crisis de inconstitucionalidad, ¿qué le espera al país si, en los próximos días, la mayoría de la Corte vota a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial?

 

La pregunta no es ociosa, sobre todo porque, aún cuando se trata de un proyecto que tiene que ser votado por los 11 ministros de la Corte y, que para ser vinculante, requiere de una mayoría de 8 sufragios a favor, ya Ricardo Monreal aseguró que no lo acatarán.

 

El proyecto de González Alcántara (que consta de 366 cuartillas), se pronuncia por invalidar o declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados federales, debido que no se ofrece a los candidatos a dichos puestos un proceso equilibrado y justo.

 

No es así en el caso de los 11 ministros de la Corte, a quienes González Alcántara ve como sujetos de la reforma más por un acto de propia “contención’’, que por un análisis de fondo del tema.

 

En el propio documento se válida la elección de los ministros de la Corte, de los magistrados electorales y de quienes integrarán el Tribunal de Disciplina, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.

 

También se manifiesta en contra de “los jueces sin rostro’’ y propone invalidar la reforma que cancela los efectos generales de un amparo.

 

Bajo está última reforma, Morena y sus aliados, que aprobaron la reforma al poder judicial, pretenden que la concesión de un amparo no implica la suspensión de la norma impugna y no tiene efectos generales, es decir que la norma seguirá vigente y el amparo solo protegerá a quien lo solicite y no será de aplicación general.

 

La Corte discutirá y votará el proyecto de González Alcántara en los próximos días, y es previsible que el debate se lleve más de una sesión pues hasta el momento se da por un hecho que las tres ministras abiertamente morenistas, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz Ahlf, votarán en contra.

 

La duda es la ministra Margarita Ríos-Farjart, también designada por López Obrador como lo fueron las tres anteriores y el ministro ponente, González Alcántara.

 

Y, aunque en Morena sigan diciendo que se trata de un exceso de la Corte, el proyecto deja la parte que le interesa al gobierno, es decir, la reducción de los integrantes del máximo tribunal, la desaparición del CJF y la extinción de los fideicomisos que suman unos 20,000 millones de pesos y que, incluso, ya tienen destino.

 

Sumado a ello, está la reducción de los salarios de los ministros y magistrados, tal como demandó López Obrador.

 

Si esos no son guiños de la Corte para superar la crisis, lo siguiente es que les pidan la inmolación.

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Desde hace unos días circula en redes sociales una nota que debería encender los focos en la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel.

 

Se trata de una acusación que hace un empresario sonorense de nombre Rodolfo Gómez, a un presunto sobrino del expresidente López Obrador, de nombre Luis Ángel López Canseco.

 

El empresario manifestó que tuvo algún tipo de negociación con López Canseco quien le habría “garantizado’’ la Oficialía Mayor de la dependencia, cargo por el que pasan todas las licitaciones y asignaciones de contratos.

 

Obviamente, que el acuerdo no sería gratuito pues, entre los “incentivos’’ que conlleva el cargo, se tendría prioridad en las licitaciones o asignaciones así como en la designación de algunos cargos de decisión.

 

A pesar de que este tema lleva varios días en el mundo digital, la dependencia no ha fijado una posición al respecto.

 

      @adriantrejo