Vamos de golpe en golpe, ya no se trata sólo de la transformación del Estado tal y como se proponía el sexenio pasado. La 4T da un paso adelante: va por la expropiación del Estado.

En la historia de México hemos sido testigos del partido único, del partido hegemónico y del partido de Estado. En todos los casos, con todos sus defectos y simulaciones, siempre habían logrado coexistir la división de poderes y la Constitución como ley suprema.

Bajo ese supuesto se fundamentaron el Estado de derecho y nuestro (muy cuestionable) sistema político. En su momento tanto PRI, PAN y Morena ejercieron, sin ningún pudor, como partidos de Estado.

En 2018, el país reclamó un cambio radical; el sistema tradicional de partidos no daba para más; la corrupción, la frivolidad y la indiferencia se hicieron insoportables, ya no sólo para los más pobres, el triunfo de la 4T se fundamentó en las clases medias.

Después llegaron las becas y los programas del Bienestar para comprar tantas conciencias como necesidades existen en México. Con eso bastó y sobró para otros seis años. Ahora llegó el momento que siempre esperaron: disponer del Estado como un activo de la 4T.

El camino fue mucho más fácil de lo que la Cuarta Transformación imaginó; la oposición lleva seis años agonizando, incapaz de oponerse al poder omnipresente de los gobiernos de Morena, sin propuestas ni ideas o valores que representen a los ciudadanos.

La Mañanera se adueñó de la narrativa de forma implacable y si ésta no era suficiente, siempre estaba presente la fuerza del miedo. El último capítulo del PAN fue lamentable; la condena de García Luna y el enfrentamiento entre el tonto útil de Marko Cortés y Felipe Calderón, acorralado y sin argumentos, ha sido la losa del panismo. Lo reitero, entre más rápido dejen de existir estas lacras de partidos de oposición más rápido podremos reaccionar como sociedad.

La clave para instaurar el “nuevo orden” de la 4T se dio con la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Algunos ingenuos pensaron que entre esto y la reforma judicial, la ambición de la Cuarta Transformación estaría satisfecha.

Para la 4T este es el momento de imponer una nueva Constitución sin tener que convocar a un Congreso Constituyente. Pero, además, desde el suprematismo morenista, eso significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrá oponerse ni dictaminar si las nuevas leyes son procedentes o no.

Con el suprematismo morenista el juicio de amparo, que protege a los ciudadanos contra los abusos de la autoridad, que se menciona en el artículo primero de la Constitución, se pone en grave peligro. Nadie podrá oponerse a los cambios que desde la 4T nos quieran imponer. La división de poderes es letra muerta.

Quedan en el aire el derecho a la información, la libertad de prensa, la rendición de cuentas, los derechos humanos y todas aquellas conquistas ciudadanas conseguidas con tanto esfuerzo. Lo dicho, la nueva realidad significa mucho más Gobierno y cada vez menos ciudadanía.

El suprematismo morenista va escalando imparable, ya no es sólo con la presencia de las fuerzas armadas en ciertas actividades “estratégicas”, ahora van por cualquier actividad económica y social donde la rentabilidad política signifique algo. Si eso puede significar un desastre económico, no importa, al menos, no a ellos. Pagan los ciudadanos.

¿Cómo se comportará ahora la 4T con instituciones como la UNAM o Banxico? ¿Cuál va a ser el futuro de la educación en México? ¿El derecho a la salud quedará una vez más pospuesto o definitivamente sepultado?

¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca la 4T!

 

  @Pancho_Graue

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