A un día de que la Iglesia dijera que la estrategia de “abrazos no balazos” no funciona, el Episcopado dialogó con la Secretaría de Gobernación en pos de “construir puentes” a favor del país.
Esto, a través del encuentro de este martes entre el secretario general del Episcopado Mexicano, monseñor Ramón Castro Castro, y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de Gobernación, Clara Luz Flores, del cual dio cuenta el organismo religioso en su cuenta de X (@IglesiaMexico):
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“Monseñor Ramón Castro, secretario General de la CEM, sostuvo un productivo encuentro con la doctora Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de Gobernación, fortaleciendo los lazos de colaboración por el bien de México, en un diálogo cordial, cercano, constructivo con la Iglesia de México”.
En su post, el Episcopado subraya que el encuentro fue en un “ambiente de apertura y escucha mutua” en el que reafirmaron su compromiso de trabajar en la “reconstrucción del tejido social”.
El diálogo constructivo entre la Iglesia Católica y el Estado se fortalece@MonsRamonCastro Secretario General de la CEM, sostuvo un productivo encuentro con la Dra. @claraluzflores Titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de Gobernación, fortaleciendo los lazos de colaboración… pic.twitter.com/ZtQmKLyrt1
— CEM (@IglesiaMexico) October 29, 2024
Este lunes, la Iglesia, a través Monseñor Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, criticó la política impulsada por el anterior Gobierno, y que se mantiene en el actual, en lo referente a atender las causas de la violencia en el país:
“La política de ‘abrazos y no balazos’ pues ya no ha funcionado. Y nosotros como Iglesia estamos aquí para ver otros caminos”.
Por ello, exigió a la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que se tomen en cuenta los compromisos por la paz que fueron firmados por los entonces candidatos a la presidencia durante la campaña.
A la par, expresó su preocupación por las muertes, no solo de sacerdotes, sino de civiles, incluidos niños, por el fuego cruzado entre los presuntos delincuentes y las autoridades en fechas recientes:
“Esto (la violencia) desde el tejido social está roto y la propuesta es repasar, Gobierno y Conferencia Episcopal, los acuerdos firmados en el Centro Cultural Tlatelolco el 11 de marzo”.
De aquí que el representante del Episcopado sugirió generar comisiones para dialogar, escuchar y “hacer proposiciones efectivas”.
Pese a ello, subrayó que en este momento es necesario “tender puentes” y a través de diálogo llegar a acuerdos:
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“Hasta ahora, yo creo que no hay ninguna acción negativa, ni por parte de la Iglesia con el Gobierno, ni del Gobierno con la Iglesia (…) no creo que el enfrentamiento, la polaridad son necesarios”.
Este domingo, en el editorial “Desde la Fe”, la Iglesia confirmó que el padre Marcelo contaba con medidas cautelares al momento de su homicidio en Chiapas, y acusó que el Gobierno no lo escuchó en su momento:
“La violencia ya no se aguanta, fueron algunas de las últimas y valientes denuncias del sacerdote Marcelo Pérez, que pudieron no haber sido necesarias si, más allá de las medidas cautelares que tenía, las autoridades lo hubieran escuchado y actuado con determinación”.
A su vez, la Iglesia reprocha a las autoridades en turno que la “vida del pueblo y la dignidad humana” están en constante amenaza, y qué cuántos activistas más deberán morir para que los “gobiernos y la sociedad reaccionen”.
A la par, califica de “inaudito” que mientras la violencia en el país arrebata vidas miles de vidas como la del padre Marcelo:
“Algunos legisladores pretendan dictaminar leyes de muerte y violencia contra la mujer embarazada ¿Por qué se le resta valor a la vida hoy en día?”.
Por lo anterior, apoyaron la exigencia del Episcopado Mexicano de tomar “medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la paz y la justicia”.
El 20 de octubre, día en que fue asesinado el padre Pérez tras oficiar una misa, la ONU-DH indicó que el prelado de origen tsotsil contaba, desde 2025, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
“Debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas”.
MC