La Asamblea General de la ONU examina nuevamente la propuesta de resolución contra el embargo estadounidense impuesto a Cuba desde 1962, un régimen de sanciones que impacta profundamente la vida y economía de la isla.
Años de votaciones favorables de la comunidad internacional, excepto Estados Unidos e Israel, no logran aún materializar cambios concretos en el bloqueo económico que, según las autoridades cubanas, sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país y para aliviar la actual crisis económica y social.
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La propuesta de resolución, de carácter no vinculante, reclama “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales”.
Las autoridades cubanas calculan que el bloqueo generó en el último año daños materiales superiores a los cinco mil 500 millones de dólares, lo que afectó servicios esenciales y provoca desabastecimientos que el gobierno cubano califica como una forma de “tortura económica”.
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Para Luis López González, segundo secretario de la Embajada de Cuba en México, el costo humano detrás de las cifras, alude al bloqueo como una política de “asfixia económica” y “persecución financiera” que impide a la isla avanzar en su desarrollo.
El embargo fue implementado en plena Guerra Fría por el presidente John F. Kennedy, y fue concebida, de acuerdo con el funcionario, como “un mecanismo de presión para socavar el régimen comunista de Fidel Castro, objetivo que ha dejado secuelas en una población que, en su mayoría, nunca ha conocido otra realidad”.
Además, López González apuntó que las políticas de embargo “a menudo fortalecen posiciones en Estados Unidos que se benefician del estancamiento de las relaciones bilaterales y del sufrimiento de quienes viven bajo las restricciones”.
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En ese contexto, Cuba depende en gran medida del petróleo proveniente de Venezuela, cuya capacidad de abastecimiento disminuyó en los últimos años.
La situación energética de la isla, respaldada esporádicamente por aportes de México y Rusia, se refleja en una disminución de barriles diarios desde Caracas, que en septiembre alcanzó sólo 22 mil barriles, insuficientes para cubrir el consumo nacional.