Noventa y cuatro “trabajadores fantasma” cobraron 44.5 millones de pesos al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) por el desarrollo de un sistema de resguardo de datos que fue considerado deficiente.
Así lo indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2023 en la que señala un posible daño a la Hacienda:
“Por un monto de 44 millones 528 mil 572.93 pesos por los pagos realizados al personal contratado por el INFOTEC (…) para el desarrollo del proyecto número 322506 ‘Fortalecimiento Tecnológico del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC) con Infraestructura de Nube y Framework para el Desarrollo Colaborativo de Software”.
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El proyecto, sin mediar convocatoria, buscaba la soberanía e independencia tecnológica, fue aprobado en 2022, cuando la titular del Consejo era la doctora María Elena Álvarez-Buylla, criticada por el retraso en el desarrollo tecnológico durante la pandemia de covid-19.
La auditoría constató que INFOTEC no acreditó la participación de 94 de los 97 empleados contratados para colaborar en la etapa 2 del proyecto, además de que los reportes entregados eran deficientes:
“Los entregables de la etapa 2 del proyecto no incluyeron los nombres y las firmas del personal responsable de su elaboración, revisión y autorización, así como la evidencia de la fecha en que fueron proporcionados al Conahcyt”.
Ante esto, la ASF solicitó entrevistar a 50 de los 97 trabajadores, pero solo se presentaron 3 de ellos:
“Por lo que no se contó con los elementos que permitieran acreditar que 94 de los 97 recursos contratados participaron en el proyecto y a los cuales el INFOTEC realizó pagos por 44,528.6 miles de pesos”.
La Autoría Superior refirió que el proyecto, un convenio de asignación de recursos al INFOTEC -parte del Conahcyt- tenía la intención de fortalecerlo como “el principal productor de tecnologías para el Ecosistema Nacional Informático”.
Y por ello, el desarrollo del sistema de resguardo digital se desarrollaría en 3 etapas, 2022, 2023 y 2024; en su revisión de la segunda, la Auditoría detectó lo siguiente:
Deficiencias en la selección de propuestas; sin evidencia de los criterios de designación
Los entregables de la etapa 2 no incluyeron nombres y firmas de los responsables de la elaboración, revisión y autorización.
- No hay evidencia de la fecha de entrega del proyecto al Conahcyt.
- No se capacitó en materia de seguridad al responsable de la operación de los centros de datos.
- Carencias en el diseño de la red en lo alusivo al monitoreo, cifrado, autenticación y separación de ambientes.
- INFOTEC no tuvo control de las versiones de la nube desarrolladas por el personal contratado.
Por todo lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que:
“Existieron deficiencias en el diseño de la nube pública, toda vez que a la fecha de la auditoría (julio de 2024) se carece de diversos elementos y controles que, como parte de las mejores prácticas, debieron ser considerados durante la etapa de planeación y diseño del proyecto”.
De ahí que la dependencia impulsa la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante el órgano interno de control del Conahcyt para que investigue y, en su caso:
“Inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión, como responsables de la supervisión financiera y técnica del proyecto (…) desarrollado por el INFOTEC”.
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Tras la publicación de los resultados mencionados, el Conahcyt será notificado dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a la entrega del informe individual para que en un lapso no mayor a 30 días hábiles presenten la información y realicen lo conducente.
En caso de no ser así, se dará inició a las investigaciones correspondientes, así como la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios, en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.
CSAS